Por Pedro Luis Zambrano Cárdenas

La reforma tributaria no puede reducirse a una confrontación entre quienes defienden la necesidad de recaudar mayores recursos y quienes la rechazan. El verdadero problema es más profundo, porque se trata de cómo o sobre los hombros de quiénes, distribuir equitativamente las nuevas cargas y hasta dónde puede llegar un gobierno, así este respaldado por mayorías parlamentarias, cuando sus decisiones comprometen las condiciones de vida de millones de ciudadanos, que hoy, más que nunca, se resisten a cargar con ese fardo.

El proyecto del llamado rescate económico propone, entre otras medidas, reducir gradualmente la tarifa general de renta empresarial del 35 % al 31 %, modificar a la baja la tributación de las personas naturales, ambas cosas son alivio para los grandes capitales; mientras por otra parte, dispone ampliar el IVA sobre determinados bienes y servicios muy sensibles por ser de consumo masivo (a sabiendas de que el IVA siempre representa una porción mayor del ingreso para los bajos estratos, que para la población más pudiente, que casi no lo percibe); luego este esquema resulta perverso, -así sea que plantee mecanismos de devolución para hogares vulnerables-.

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También dispone el incremento del IVA, sobre materias primas e insumos agrícolas que golpean directamente al campesino y los pequeños productores. Es decir, se trataría de una reforma tributaria de carácter regresivo, contrario a la teoría de la tributación expuesta por el mismo Adan Smith (que, en síntesis, determina que la contribución fiscal debe guardar relación con la capacidad económica), porque descarga a los ricos de parte sustancial de sus gravámenes, para ponerlos en los hombros de las clases media, campesina y, en general, de bajos recursos. De este modo, estamos ante un proyecto, además de inequitativo, inflacionario; que afectará la demanda y traerá un incremento ineludible de la pobreza y el desempleo.

La teoría de la gobernabilidad democrática enseña que, en cualquier país, disponer de votos suficientes en el Congreso, no equivale necesariamente a disponer de legitimidad social; porque una mayoría parlamentaria puede aprobar una reforma dentro de la legalidad constitucional. Sin embargo, si como sucede hoy en Colombia, importantes sectores ciudadanos perciben que sus sacrificios financian beneficios desproporcionados para quienes poseen los mayores gajes y capitales; la decisión puede incrementar la polarización, alimentar protestas y deteriorar la confianza institucional.

La movilización pacífica constituye un derecho democrático, el desafío consiste en impedir que la inconformidad derive en violencia o que la autoridad interprete el desacuerdo legítimo como una amenaza al orden público.

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Sería irreal desconocer las restricciones fiscales, el endeudamiento, los intereses de la deuda, la rigidez presupuestal y las necesidades de inversión social que exigen prontas respuestas contributivas que se deben recabar de los ciudadanos; pero si de ajuste se trata, este no tiene que ser cargado por la clase popular, deteriorando su consumo y los mínimos de su calidad de vida; primero hay que eliminar privilegios tributarios injustificados; combatir efectivamente la evasión; racionalizar el tamaño del Estado al de un aparato que responda con eficacia a las demandas económicas, sociales y de oferta de servicios para los ciudadanos; establecer una tributación progresiva sobre grandes capacidades económicas, y; generar estímulos condicionados a la inversión productiva y al empleo formal. De otra parte, es necesario proteger los consumos esenciales y evaluar los efectos de cada medida sobre pobreza, inflación y crecimiento.

Hay que reconocer que Colombia necesita sanear sus finanzas, ocurre en este y en todos los gobiernos; pero también se debe preservar la cohesión social. Porque una reforma tributaria exitosa no es solamente aquella que solo aumenta el recaudo, sin tener en cuenta el equilibrio económico y social que deben tener sus medidas: es la que fortalece al Estado sin empobrecer a la sociedad que lo sostiene, ni desmontar los más sensibles apoyos a las poblaciones más vulnerables.