Por Giovanni Ramírez Villamil

En un colegio de cualquier municipio colombiano, un adolescente puede atravesar la jornada sin recibir un solo golpe y, aun así, volver a casa con la dignidad profundamente lastimada.

Alguien lo expulsó del grupo de mensajería, convirtió su fotografía en un meme y consiguió que decenas de compañeros celebraran la humillación con un emoji. Cuando llega la noche, la burla sigue encendida en la pantalla. Ese es uno de los rostros del acoso que hoy debemos aprender a mirar.

El bullying conserva sus viejas expresiones: el apodo que hiere, la intimidación repetida, la amenaza en el pasillo, la exclusión deliberada. Pero ahora puede tomar forma de cuentas falsas, ataques colectivos en redes, grabaciones difundidas para ridiculizar, grupos paralelos donde se organiza el rechazo y montajes realizados con inteligencia artificial. Una imagen falsa, especialmente cuando sexualiza a un menor de edad, puede producir daños reales sobre su intimidad, sus relaciones y su seguridad.

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La magnitud del problema obliga a abandonar la comodidad de las respuestas improvisadas. Según el Informe Anual SIUCE 2024 del Ministerio de Educación Nacional, se registraron 17.712 situaciones de convivencia tipo II y III; entre las categorías reportadas hubo 1.588 agresiones electrónicas. Son registros administrativos de situaciones notificadas, no una medida de cuántos estudiantes sufrieron bullying en todo el país. Aun con esa precisión, constituyen una advertencia sobre violencias que los adultos no siempre alcanzamos a ver.

Hay otra alarma que merece su propio nombre. En mayo de 2026, UNICEF, ECPAT e INTERPOL informaron que el 21 % de adolescentes colombianos usuarios de internet de 12 a 17 años había sufrido, durante un año, alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología. Se trata de un fenómeno distinto del acoso escolar, aunque ambos pueden cruzarse en las mismas pantallas. Confundirlos bajo la expresión cómoda de «cosas de muchachos» deja a las víctimas sin una protección a la altura del daño.

En mi trabajo sobre salud mental escolar he insistido en que el aula es un sismógrafo del territorio. Lo que sucede en el barrio, en la casa y en la vida digital termina expresándose en la convivencia, el aprendizaje y la salud emocional. El estudiante que calla durante semanas puede estar intentando sobrevivir a una exposición pública que los demás consideran divertida. El que falta a clase quizá está evitando a quienes lo esperan para grabarlo. Y quien ríe cuando lo ofenden puede hacerlo porque teme que defenderse empeore su situación.

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Por eso necesitamos mirar los cambios pequeños. La pérdida repentina de amistades, el miedo a las notificaciones, las excusas para no asistir al colegio, el aislamiento durante el recreo o una caída inesperada de la participación pueden ser señales de que algo ocurre. Ninguna prueba por sí sola confirma acoso. Todas merecen una conversación respetuosa y una búsqueda cuidadosa de contexto.

La protección comienza cuando un adulto escucha sin culpar y toma medidas sin convertir el sufrimiento en espectáculo. Frente al ciberacoso, se debe detener la difusión, preservar la evidencia mínima de forma segura, informar a los responsables institucionales y evitar las reconciliaciones forzadas cuando existe intimidación o desequilibrio de poder. Si hay extorsión, amenazas, violencia sexual o difusión de imágenes íntimas de menores, corresponde activar inmediatamente las rutas de protección y las autoridades competentes, sin reproducir ni circular ese material.

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También debemos reconocer a quienes observan. El compañero que no reenvía la imagen, que no se suma a la burla y que avisa a un adulto puede romper la cadena de amplificación. Los docentes necesitan formación para reconocer agresiones menos visibles; las familias, espacios de conversación que no terminen automáticamente en castigo; y las instituciones, protocolos con responsables, tiempos de respuesta y seguimiento para comprobar que el daño se detuvo y que no hubo represalias.

La Ley 1620 de 2013 ofrece una arquitectura para la convivencia escolar en Colombia. Su sentido se realiza cuando la ruta se conoce, se activa y acompaña de verdad. Una reunión, una charla sobre respeto o una campaña de carteles resultan insuficientes cuando el estudiante vuelve al mismo chat, al mismo pasillo y al mismo miedo. La prevención exige alfabetización digital, trabajo socioemocional y una cultura institucional que no premie la crueldad con risas, indiferencia o silencio.

Hay que devolverle a la escuela su capacidad de ser un lugar seguro, incluso frente a aquello que ocurre fuera de sus muros. El bienestar emocional se protege en la forma de escuchar, en la discreción con que se actúa y en la decisión de permanecer al lado de quien necesita ayuda hasta que la red responda. Detrás de cada pantalla hay una persona. Y detrás de cada burla compartida puede haber una historia que todavía estamos a tiempo de cuidar.

*Autor en salud mental escolar, laboral y familiar. Experto en política pública territorial.