La ausencia de los congresistas del Pacto Histórico en la ceremonia de posesión presidencial del pasado 7 de agosto llegó a los despachos de la Corte Suprema de Justicia, pero no avanzará, por ahora, a una investigación penal. La Sala de Instrucción determinó que no existen razones suficientes para abrir un proceso contra los parlamentarios denunciados y ordenó cerrar la actuación una vez la decisión quede ejecutoriada.

La determinación fue adoptada por la Sala encargada de investigar a los integrantes del Congreso, quienes cuentan con fuero especial. En la providencia, el alto tribunal resolvió inhibirse de iniciar instrucción y dispuso que la Secretaría archive el expediente cuando la decisión esté en firme.

Hay una diferencia en las cifras que se han conocido sobre el caso: mientras el titular de la publicación que divulgó la información habla de 72 legisladores, los apartes del documento citados en esa misma información hacen referencia a 75 congresistas.

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La decisión inhibitoria corresponde a una valoración preliminar. En otras palabras, la Corte consideró que no había elementos para dar inicio formal a una investigación. Esto no representa una absolución, pues no se abrió un proceso penal ni hubo un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad de los señalados.

Los argumentos que llevaron las denuncias ante la Corte

La Sala estudió cinco denuncias relacionadas con la inasistencia de los parlamentarios. Los escritos, cuyos autores no han sido identificados públicamente, advertían sobre la posible comisión de los delitos de prevaricato por omisión y fraude procesal.

El planteamiento de los denunciantes partía de que la sesión de posesión presidencial debía entenderse como una jornada de trabajo legislativo. Bajo esa interpretación, la ausencia de los congresistas podría constituir un incumplimiento de sus funciones y, además, abriría el debate sobre si tenían derecho a recibir el salario correspondiente a ese día.

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Sin embargo, tras revisar los señalamientos, la Sala de Instrucción concluyó que no había mérito para avanzar con una investigación penal. Por esa razón, optó por inhibirse y dejar el expediente a la espera de que se cumplan los términos para que la decisión quede en firme.

Una ausencia anunciada en medio de la tensión política

La controversia no comenzó el día de la ceremonia. Antes del 7 de agosto, el Pacto Histórico había informado al Congreso, mediante una carta, que sus integrantes no asistirían al acto de posesión de Abelardo De La Espriella para el periodo presidencial 2026-2030.

La decisión provocó cuestionamientos y discusiones sobre las posibles consecuencias de la ausencia, tanto en el ámbito legal como en el disciplinario. Mientras se desarrollaba la ceremonia, integrantes de esa bancada promovieron jornadas que denominaron de “resistencia pacífica” y actos de desobediencia civil en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla. Entre quienes participaron en esas actividades estuvo el senador Iván Cepeda.

El episodio también tuvo un antecedente en la discusión pública: en 2014, una colectividad de oposición se había ausentado de una ceremonia de posesión presidencial, situación que fue recordada durante el debate previo al acto de 2026.

El archivo todavía no es definitivo

Aunque la Sala ya tomó una decisión, el expediente aún no puede considerarse cerrado de manera definitiva. Los denunciantes tienen la posibilidad de presentar un recurso de reposición, con el que pueden solicitarle a la misma autoridad que revise lo resuelto.

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Si no se interpone ese recurso o si, después de estudiarlo, la Corte mantiene su determinación, la actuación será archivada. Hasta entonces, la decisión no ha quedado ejecutoriada.

Por otra parte, la Corte Suprema no había publicado, hasta el momento de conocerse esta información, un comunicado oficial sobre el caso en su portal de noticias. Tampoco se habían divulgado públicamente el número de radicado ni el nombre del magistrado que tuvo a cargo el expediente.

La determinación se conoce mientras la Sala de Instrucción mantiene actividad en otros procesos relacionados con congresistas y excongresistas, algunos de ellos de alto perfil. En este caso, el pronunciamiento marca el límite de la actuación penal frente a las denuncias por la inasistencia a la posesión presidencial, al menos mientras no prospere un recurso contra la decisión.