Por Alejandro Márquez - Sociólogo de la Universidad del Tolima

Recientemente, un trino realizado por Antonio García comandante del ELN, en respuesta al gobernador de Antioquia reanudó la discusión en torno al reclutamiento de niños y niñas por parte de esa guerrilla y, como no decirlo, por parte de organizaciones y entidades armadas que incluyen también a las fuerzas del Estado.

Según el artículo 38 de la convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Estado colombiano está obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger a los niños y niñas, esto significa que en el Estado recae la principal responsabilidad sobre la seguridad de la primera y segunda infancia.

Ahora bien ¿Qué puede responder un Estado que carece del monopolio de las armas y que así lo tenga en ciertas zonas se limita a ubicar su personal en lugares militarme estratégicos?, tal vez nada si se tiene en cuenta que junto con la llegada de la pandemia del Covid 19 y los incumplimientos al acuerdo de paz, la crisis económica en los hogares aumentó, lo anterior, significó además el aumento del reclutamiento por parte de los grupos disidentes que el fallido acuerdo dejó.

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Así mismo, si bien las cifras sobre el reclutamiento de niños y niñas son cambiantes y, en ocasiones escasas, Save the children estima que para 2005 eran unos 14.000 niños y niñas los que integraban las organizaciones armadas, lo anterior, podría no ser tan diferente si se tiene en cuenta que la mayoría de niños y niñas integraban las filas de la FARC-EP y, según el presidente Gustavo Petro, a 2023 solo un 0,3% del acuerdo de paz se ha cumplido, en ese sentido ¿Qué puede cambiar si la situación actual es prácticamente la misma que la del 2005?

De esta forma, los niños y niñas, que en épocas de elecciones se convierten en temas comunes de conversación especialmente en círculos políticos, son tan importantes que aparentemente tienen la atención de todos y todas, sin embargo, lo cierto es que son un tema que atrae votos y espanta los recursos.

Pero nuevamente pregunto ¿Qué puede reclamarle el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria al ELN sobre ese tema si hasta hace poco hacia caso omiso a la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez en San Andrés de Cuerquia? Con seguridad nada, porque si ha ignorado un caso de desaparición tan sonado, poco se puede esperar de los miles de niños que reclutan diariamente y que en épocas de elecciones el “defiende”.

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De todas formas, son muchas las preguntas que pueden surgir y que sería imposible responder de manera profunda en una nota periodística y sociológica si se quiere. Sin embargo, al observar de manera detenida el ambiente lo único que se puede decir es que los niños y las niñas les importan a los políticos, a las instituciones del Estado, a la justicia, pero la atención real a sus necesidades es inexistente, en este sentido, aunque los niños y las niñas son seres tan importantes para la opinión pública, existe una sola certeza, y es que nadie evita que los ingresen a la guerra.