Por Fernando Moreno
*Administrador de Empresas-Veedor cívico

Interesante análisis hace la propuesta del ‘progresismo’ sobre la memoria histórica, justicia social y transformación estructural del Estado colombiano que, llevado al territorio libanense, se puede entender porqué en el municipio hay 20 mil víctimas "desplazadas por la violencia" de la ruralidad a la cabecera urbana, como también de otros lugares del país.
Donde en sus inicios se hizo reforma agraria en haciendas cafeteras décadas atrás para darle cabida en el territorio, a quienes venían del sur del Tolima y Huila; como para citar un ejemplo.

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Muchos de ellos no son solo víctimas del conflicto y la disputa de los territorios entre guerrilla y paramilitares, como ocurrió en los corregimientos de Santa Teresa y Tierradentro; también llegaron víctimas de agentes estatales, de las élites económicas y políticas. Esa verdad escrita dentro del conflicto, obligó incluso, a dejar abandonados sus predios o venderlos a precios muy por debajo de sus valores reales para huir del conflicto.

Por ello la extrema derecha le teme a que se reconstruya la verdad desde las víctimas, los territorios y sectores tradicionalmente excluidos o invisibilizados por gobiernos de derechas.

La justicia transicional y el trabajo de las comisiones de la verdad, hacen que la extrema derecha envíe un mensaje de rechazo a la JEP porque el poder de la verdad, se constituye como el contrapoder frente a las élites políticas que tradicionalmente han abusado del mismo, creando los déficit políticos y estructurales que se encuentran enmarcados en la desigualdad social, la violencia y el genocidio por parte de los grupos paramilitares, en la Costa, en los Llanos, La Escombrera, los hijos de las madres de Soacha al que se le llamó los 6.402 falsos positivos. En el pasado político de gobiernos de derechas, las víctimas fueron ignoradas, poco tenidas en cuenta por los canales institucionales.

Discriminados y perjudicados, esos sectores sociales poco acuden a participar electoralmente de la democracia, por falta de una representación política; lo único que importaba era un valor cuantitativo. Sus votos.

Los cambios propuestos en lo económico y social, plantea la continuidad de la reforma agraria y la democratización del campo, que rompe con la apropiación de terrenos baldíos, otorgados en el pasado a familiares de senadores como es el caso del primo de la hoy candidata de la extrema derecha Paloma Valencia quienes, desde las épocas de poder político de sus abuelos, se dedicaron a apropiarse de grandes extensiones de tierras; haciendo lo que les gusta, concentrar la tierra entré unos pocos. Sus familias.

Se pretende reducir las desigualdades sociales mediante políticas fiscales progresistas donde los recursos deben salir de algún bolsillo y no como tradicionalmente lo hizo la derecha; impuestos para los pobres y clase media.

Así podemos entender que pueden caer migajas de la mesa de los ricos a la mesa de los pobres; no hay otro camino.

Pero estas decisiones están ligadas a lo que propone Iván Cepeda, el diálogo social, deliberación política íntimamente ligada a los movimientos sociales; allí es donde está la verdadera discusión política. No puede ser de otra manera, pues la idea de deliberación implica una opinión pública bien informada, reflexiva y puesta a prueba a través de la discusión.

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Una opinión pública consciente de que al dar la voz a nuevos conflictos sociales, está colocando en la agenda política el calendario de transformación social. Así las cosas, el peso de la tradición de las decisiones de los gobiernos de derechas se hace menor.

Ya no nos van a envolver en esas férreas decisiones autoritarias de escritorio, tomadas por tecnócratas neoliberales como Carrasquilla o José Manuel Restrepo, donde estos individuos constituían valores dominantes de las clases dominantes; así lo estableció Giddens como el discurso elaborado desde el primer mundo para países del tercer mundo como Colombia.