Por: Edgardo Ramírez Polanía
*Doctor en Derecho.

Es difícil abordar el tema de la justicia debido a la pérdida de confianza de la ciudadanía en las altas Cortes por decisiones contrarias al derecho y que han sido ampliamente conocidas por el país, además, que existe la creencia que esos organismos han frenado injustamente algunas decisiones del gobierno.

Varios sectores de la sociedad consideran que existe contraposición del poder judicial frente al Ejecutivo con la expedición de sentencias que más de equilibrar y controlar los poderes que conforman y rigen los derechos de los ciudadanos, se opone a ellos con un evidente sentido de contrariedad.
 
Cuando se pierde el poder en la política, surge un modelo de gobierno que generalmente quebranta lo establecido y trae consigo toda clase de interrogantes y preocupaciones a quienes pierden, porque desaparece algo más que la gloria. Y más aún, como el jugador de Dostoievski amenazado por su editor, se juega el todo por el todo, lo que no puede hacer un partido político si se trata de todas sus ambiciones como lo dijo Maquiavelo.
 
Al parecer, ese tipo de actitud aconteció en los grupos vencidos el 19 de junio pasado. Desde un aspecto no estrictamente político sino económico y social, se observa que los expertos de las encuestadoras fallaron en la interpretación del sentido social de la llamada izquierda, como también los políticos de la última época que han hecho un poco de la historia nacional que vivimos.

El asunto parece ser que la clase media como pequeña burguesía que tiene bienes como casa, carro y han adquirido un status cómodo, no han admitido que las clases bajas de la sociedad, los progresistas y otras clases medias hayan reclamado su lugar  en la sociedad. 

• Puede leer: El miedo al cambio

Esa zona social llamada solamente en las elecciones con las mismas costumbres perniciosas de las votaciones, fue convencida por el discurso de un cambio, que puede darse o no, según el manejo del gobierno o la conveniencia de los partidos políticos.
 
Un gran sector de la población colombiana en las elecciones pasadas no le pareció extraño sentirse progresista, si lo que le presentaron como expresión del progreso, fue la libertad de la persona y el equilibrio social.

El miedo a figurar de progresista en que todo un gran grupo social se envanecía de no serlo, es justificado, puesto que no ser en esta época progresista o reformador, equivale a adoptar la condición de atrasado y a representar un papel de receptor de la ofensa en las redes sociales, que no debe ser el medio para el diálogo y la ruta que debe tomar el país.
 
La Constitución establece los principios en que se fundamenta un Estado, y la actual que debatieron y aprobaron los constituyentes en 1991, es espuria o falsa porque fue sustraída de los computadores al parecer por la delincuencia o las mafias de donde funcionaba la Constituyente y al vencerse el plazo establecido, se firmaron unas hojas en blanco y posteriormente con los apuntes existentes, fue elaborada otra en un piso del hotel Tequendama de Bogotá, como lo han afirmado quienes fueron los Secretarios de esa asamblea doctores Mario Ramírez Arbeláez  y Jacobo Pérez Escobar en el programa La Barbería que dirige el periodista William Calderón Zuluaga.

• Lea también: El cambio y la burguesía

La Constitución Nacional que fue creada entre otros fines, especialmente para decidir sobre la inconstitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno y decidir sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por la rama ejecutiva   de los proyectos de leyes estatutarias que dicte la misma por vicios de procedimiento.

Sin embargo, la Corte Constitucional se arrogó facultades, más allá de aquellas expresamente contenidas en la Carta Política, para decidir sobre la legalidad de los decretos del gobierno, con argumentos no estrictamente contenidos en las normas como lo indica la decisión del magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional, en la ponencia sobre la ley de paz total, que le permitió al gobierno negociar con grupos criminales, y  decidieron que en el futuro sí pueden suspender leyes desde el principio del estudio de una demanda, como medida cautelar lo que podría hundir la reforma a la salud y las que sean del caso, como lo hizo el Consejo de Estado al suspender el decreto que definía las tarifas de energías que imponen a sus anchas las entidades privadas en perjuicio de los usuarios. 

El país en todos los estamentos de la sociedad está carcomido por la incomprensión y el odio, del cual la ciudadanía se queja, pero parece que los señalados responsables no son quienes impiden su normal funcionamiento sino aquellos que defienden sus intereses desde la radio y la televisión cuyos dueños son los mismos propietarios de los mayores bienes de producción  del país.