Por: Edgardo Ramírez Polanía
Doctor en Derecho*

Los medios de información son esenciales para la recreación, conocer los hechos de la sociedad, los actos de gobierno, el desarrollo de la economía, la educación, el mercadeo, los datos estadísticos del funcionamiento social y la mejora de condiciones de vida de los ciudadanos para que la población fije su rumbo de cambio.

No obstante, los medios televisivos y de radio de propiedad de los dueños del capital financiero del país, se dedicaron a resaltar la inseguridad, como el mayor problema del país, que se le quiere achacar al actual gobierno, a sabiendas que ha sido un problema insoluble desde que existe nuestra organización social.

El problema de la inseguridad excede cualquier definición legal y desborda el marco de planeación que las autoridades previenen para combatir el delito y la criminalidad porque la desigualdad y la ignorancia han sido la génesis de las inequidades y perturbaciones de la sociedad.

La gente del común no cree que el gobierno actual, en un año, haya sido el culpable de la inseguridad en las calles. El asunto no parece tan actual como lo ven los periodistas de la nómina de los dueños de los bancos ni tan fácil como lo creen quienes piensan que todo se resuelve a bala. 

Tampoco el asunto es solamente policial o de investigación de las fiscalías o la construcción de más cárceles, sino que se asignen más recursos para la paz  y la educación, a fin de evitar la deserción escolar y universitaria y promover la producción nacional para que haya empleo y el trabajador tenga mejores oportunidades de vida y no viva en su gran mayoría del rebusque.

La falta de educación y cultura conducen a la miseria que lleva implícita muchas veces el delito y por consiguiente la inseguridad que aumentan en la medida que crece la población o la inmigración sin capacidad para el trabajo, lo que genera la falta de acceso a los derechos básicos de subsistencia que la llamada gente bien parece ignorar.

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Todos los gobiernos incorporan en sus programas de gobierno la búsqueda de soluciones a la violencia, la inseguridad y la lucha contra la corrupción. Pero, al terminar los períodos presidenciales, el balance no es el mejor, porque los violentos repudian la paz por intereses personales de la economía subterránea, la corrupción crece por el afán de riqueza, y la violencia permanece porque algunos gobiernos no la abordaban por razones políticas.

Tampoco es falta normas para combatir la inseguridad y el delito, sino la necesidad de una estricta vigilancia en las decisiones de la policía, fiscalía y jueces en la aplicación de las medidas correspondiente a sus jurisdicciones, pues, el poder de estos, no es inmutable ni de infinito alcance sino regulado por precisas normas legales, que cada día son transgredidas particularmente por la justicia.

Ha sido evidente que el ingreso 2.250.000 personas a mayo de 2023, con crecimiento al 36.7% del 2022 en su mayoría de hermanos venezolanos y otras nacionalidades, entre los cuales llegaron destacados profesionales, pero también ingresaron delincuentes, han hecho que repunte la inseguridad y la violencia en varios lugares del país que la policía ha tratado de impedir, pero no alcanza a atender su crecimiento.

El Gobierno del Presidente Gustavo Petro, debería destacar un grupo de las unidades militares del ejército de cada departamento para que coadyuve a la policía nacional con la vigilancia de la nación, porque la fuerza pública compuesta por las

FF AA y policía conforme la Constitución Nacional, está instituida para salvaguardar la soberanía que, según la Carta Política, “la soberanía reside en el pueblo”.

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El Estado se justifica si está al servicio de los ciudadanos. No existe razón legal, para no sacar parte de la fuerza pública de los cuarteles para que salgan a defender la vida e integridad de la ciudadanía. Hay quienes se oponen diciendo que las fuerzas Armadas sólo están destinadas para defender nuestra soberanía o la guerrilla que se sostiene hace más de 60 años. ¿Acaso nuestra soberanía no reside en el pueblo y la autoridad del territorio? ¿Y Colombia con quiénes tiene conflictos de guerra distinto al conflicto interno?

La respuesta puede tener muchas explicaciones, pero pocas aplicaciones lógicas.

El presupuesto que podría destinarse a obras sociales y de bienestar de la gente, se asigna en gran parte a las Fuerzas Armadas, que debe ayudar a la policía dados los altos índices de delincuencia de diferentes grupos al margen de la ley, que puede ser un peligro que atenta contra los bienes y derechos de las personas y por lo mismo a la autonomía del Estado.

La delincuencia nacional y transnacional es uno de los más importantes fenómenos de criminalidad que se constituyen un problema de seguridad nacional, que supera las capacidades de control de la policía, que justifica la participación de las Fuerzas Armadas para que en conjunción de la Policia Nacional, le hagan frente al delito y la inseguridad.

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En anteriores gobiernos arreció con más fuerza la inseguridad de parte de los violentos y los gobiernos mantuvieron a raya la delincuencia, que no hubiesen sido por los excesos de los falsos positivos y el asesinato de líderes indígenas que llega aproximadamente a 1000 desde 2015 al 2023, el resultado hubiera sido mejor. Pero algunos actos de esa política de seguridad fueron criticados por organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos CIDH.

A la delincuencia se le debe tratar con energía y bajo el peso de la ley, con respeto de los derechos humanos y fomentando la participación de los agentes del conflicto. De lo contrario, el camino para evitar la inseguridad y la delincuencia continuará creciendo.

El ex Presidente Juan Manuel Santos, en medio de su gobierno de despilfarro, hizo una paz que parcialmente sirvió para algunas desmovilizaciones en el proceso de paz que por incumplimientos no fue posible mejores resultados frentes a los alzados en armas.

En adelante no se debe buscar el “muerto río arriba”, para buscar una paz, sino enfrentar la inseguridad en campos y ciudades con quienes han sido los causantes del conflicto y con verdaderas fórmulas de convivencia y paz social.

De lo contrario de no obtenerse resultados en el ofrecimiento de la paz, debe el gobierno imponer su autoridad con las herramientas del Estado frente a una inseguridad que atosiga al país, y aleja el turismo y la inversión extranjera.