Por: Edgardo Ramírez Polanía

Las democracias no suelen derrumbarse de un solo golpe. Antes de que los pueblos se enfrenten en las calles, antes de que la violencia sustituya al debate y antes de que las instituciones cedan ante la fuerza de las pasiones, ocurre un fenómeno mucho más silencioso: la política deja de ser un escenario de ideas para convertirse en un ejercicio de odio.

La historia enseña que ninguna nación ha sido destruida únicamente por sus enemigos externos. Los grandes colapsos de los Estados han comenzado cuando el adversario político deja de ser visto como un contradictor legítimo y pasa a ser tratado como un enemigo moral al que debe aniquilarse. Entonces desaparece el respeto por la ley, el diálogo se reemplaza por la descalificación y la convivencia democrática se transforma en una lucha donde todo parece permitido.

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Colombia conoce demasiado bien ese tránsito. Lo vivió durante las guerras civiles del siglo XIX, lo padeció en la Guerra de los Mil Días y volvió a sufrirlo con la violencia política del siglo XX. En todos esos episodios hubo un elemento común: el lenguaje de la confrontación precedió siempre a la confrontación misma. Primero fueron las palabras; después llegaron las armas.

Por ello resulta preocupante que, terminada una contienda electoral, algunos sectores pretendan desconocer al adversario mediante acusaciones indiscriminadas, mientras otros respondan con expresiones de revancha o humillación. La democracia no exige unanimidades; exige aceptar que el poder pertenece al pueblo y que sus decisiones solo pueden discutirse por los caminos previstos en la Constitución y la ley.

Quien considere que existieron irregularidades electorales tiene pleno derecho a acudir ante las autoridades judiciales competentes. Ese derecho hace parte del Estado de Derecho. Pero una cosa es ejercer los mecanismos constitucionales de control y otra muy distinta convertir la inconformidad política en una estrategia permanente de desobediencia institucional. Las democracias sobreviven porque las controversias se resuelven mediante el derecho y no mediante la fuerza de las emociones.

Igualmente, grave sería que desde el poder se promovieran discursos que estimularan la confrontación social o la resistencia contra las instituciones legítimamente constituidas. La alternancia constituye uno de los pilares esenciales de toda democracia constitucional. Ningún gobernante es propietario del Estado, como tampoco ninguna mayoría tiene derecho a excluir a quienes piensan distinto.

En las últimas semanas el país ha presenciado expresiones que jamás deberían normalizarse en una democracia. Caravanas con símbolos totalitarios, insultos entre dirigentes, llamados a desconocer al contradictor y un ambiente de hostilidad que recuerda experiencias históricas que nunca terminaron bien.

La utilización de emblemas asociados al nazismo, cualquiera sea la intención de quienes los exhiban, constituye una profunda contradicción con los valores democráticos. Ninguna causa política se ennoblece cuando recurre a símbolos que representan la negación de la libertad y de la dignidad humana.

Los acontecimientos posteriores a la elección demuestran hasta qué punto la exaltación política puede poner a prueba la fortaleza de las instituciones. Si por razones excepcionales de seguridad la ceremonia de transmisión del mando no pudiera realizarse en el recinto del Congreso, la propia Constitución ofrece una respuesta dentro de la legalidad.

El artículo 192 dispone que el Presidente de la República tomará posesión ante el Congreso, pero agrega que, “si por cualquier motivo”, no pudiere hacerlo, prestará juramento ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de ésta, ante dos testigos. La Constitución no permite vacíos de poder ni rupturas institucionales; por el contrario, garantiza la continuidad del Estado y la legitimidad democrática.

Lo esencial no es el lugar físico donde se celebre la ceremonia, sino que la transmisión del poder se realice conforme al procedimiento previsto por la Carta Política y bajo la autoridad constitucional competente. Si las circunstancias exigieran adoptar medidas extraordinarias de seguridad, resultaría jurídicamente razonable que la posesión se efectuara en un lugar que ofreciera las garantías necesarias, preservando la solemnidad del acto republicano y el imperio de la Constitución.

Del mismo modo, el anuncio de imponer al presidente saliente la Orden de Boyacá, máxima distinción de la República, constituiría un gesto de civilidad política que recuerda que las diferencias democráticas no autorizan la humillación del adversario y que el respeto institucional debe prevalecer sobre cualquier sentimiento de revancha.

Las instituciones existen precisamente para impedir que las emociones del momento sustituyan la racionalidad del derecho. Cuando la política se convierte en un campo de resentimientos, la primera víctima no es un gobierno ni una oposición: es la confianza ciudadana en la democracia. Y cuando esa confianza desaparece, los extremismos encuentran el terreno propicio para florecer.

Las grandes democracias del mundo no se consolidaron porque eliminaron los conflictos, sino porque aprendieron a resolverlos dentro de la legalidad. El verdadero liderazgo político no consiste en incendiar los ánimos de los seguidores, sino en contenerlos cuando las pasiones amenazan con desbordar los límites de la convivencia republicana.

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El país necesita serenidad, grandeza y responsabilidad. Quien tenga pruebas de corrupción, que acuda a la justicia. Quien tenga reparos frente al resultado electoral, que utilice los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Quien quiera ejercer oposición, que lo haga con firmeza, con inteligencia y con absoluto respeto por la institucionalidad. Pero nadie debería empujar a Colombia hacia el abismo de una confrontación civil nacida del resentimiento político.

Porque cuando la política deja de ser el arte de gobernar para convertirse en el arte de odiar, la democracia comienza a morir lentamente desde su interior. Y cuando las instituciones son reemplazadas por la pasión, los pueblos descubren demasiado tarde que el incendio que ayudaron a encender ya no distingue entre vencedores y vencidos.