La política ya no es la ciencia del Estado, sino que está adoptando mecanismos más sutiles: resoluciones, formalismos y decisiones administrativas que, bajo apariencia técnica, terminan produciendo efectos políticos decisivos en nuestra democracia formal, que al fin y al cabo es la forma de gobierno menos imperfecta.

La exclusión del senador Iván Cepeda de la consulta “Frente Amplio por la Vida” del Pacto Histórico plantea ese dilema. No se trata de una discusión menor ni de un simple trámite electoral, sino de una decisión que incide directamente en el corazón de la democracia y en el derecho del ciudadano a elegir en condiciones reales de igualdad.

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Una consulta popular no es un privilegio concedido por la autoridad electoral. Es un mecanismo de participación democrática y constitucional, diseñado para que sea la ciudadanía —y no los escritorios— la que decida.

Cuando una autoridad electoral define, mediante una resolución administrativa, quién no debe someterse al veredicto en las urnas, deja de ser un árbitro neutral y comienza a intervenir, de hecho, en el resultado político.

El debate no gira únicamente alrededor de una persona. La preocupación de fondo es el uso del formalismo jurídico como herramienta de exclusión política. Cuando las normas se aplican sin ponderar sus efectos sobre el pluralismo y la competencia democrática, la legalidad puede terminar vaciando de contenido a la democracia misma.

Más inquietante aún es la percepción de que estas decisiones no se producen aisladamente, sino en un contexto institucional donde distintos órganos del Estado —electorales, de control y judiciales— parecen confluir reiteradamente en resultados adversos a un mismo sector político.

Cuando los fallos y resoluciones apuntan siempre en una sola dirección, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si las reglas del juego siguen siendo iguales para todos o simplemente para aquellos partidos que cuentan con mayores funcionarios en la organización administrativa o judicial.

El problema, entonces, no es solo la exclusión de Iván Cepeda de una consulta. Es el precedente que se consolida en una democracia administrada, filtrada y condicionada desde dentro, donde el voto subsiste, pero su alcance se reduce.

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Defender el derecho de un candidato a competir en igualdad de condiciones no es un acto de militancia partidista. Es una defensa elemental del pluralismo, de la transparencia institucional y de la confianza ciudadana en que las decisiones políticas no se toman antes de que la gente vote.

Porque cuando la democracia se convierte en un procedimiento controlado, y no en una expresión libre de la voluntad popular, deja de ser una promesa colectiva y se transforma en un trámite más. Surge entonces la pregunta: si una autoridad electoral, en nombre de la técnica, puede restringir los mecanismos de participación política sin afectar el pluralismo.

Para ese interrogante puede haber muchas explicaciones, pero pocas aplicaciones. Se puede decir que no se prohibió a Iván Cepeda hacer política, pero se le cerró una de las puertas más visibles y democráticas para hacerlo.

El punto de partida es claro y no admite ambigüedades en sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), que adoptó una decisión que no impuso sanción alguna, no declaró responsabilidad ni estableció inhabilidad o restricción de derechos políticos contra Iván Cepeda. Tanto es así que ha anunciado presentar directamente su candidatura. En un Estado de derecho, ese hecho tiene un significado jurídico preciso: el cierre del ámbito sancionatorio y la preservación íntegra de los derechos políticos del afectado.

Sin embargo, esa misma decisión fue utilizada por el conjuez Hollman Morris como fundamento para excluir al senador de la consulta. El giro resulta desconcertante porque, donde el ordenamiento legal no reprocha, se castiga; donde la ley guarda silencio, se construye una prohibición.

El error no es menor ni puramente técnico. Consiste en atribuir efectos restrictivos a una decisión que expresamente carece de ellos. En el derecho público colombiano, y especialmente en materia de derechos políticos, rige un principio elemental: las inhabilidades son de creación legal, expresa y taxativa. No se presumen, no se deducen, no se construyen por analogía ni por conveniencia coyuntural. Existen solo cuando la ley las consagra de manera inequívoca.

Transformar la ausencia de sanción en una causa de exclusión equivale a invertir la lógica del sistema jurídico. Es convertir una decisión neutral o favorable en una sanción encubierta. Es, en términos simples, hacer decir al derecho lo contrario de lo que dice.

Este tipo de razonamiento vulnera principios constitucionales básicos: el derecho fundamental a la participación política (artículo 40 de la Constitución), el principio de legalidad estricta, el debido proceso y el principio pro homine, que obliga a optar siempre por la interpretación más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales.

De esa manera, el error central atribuido al conjuez consistió en asumir que una lectura estrictamente formal de los requisitos de la consulta podía imponerse sobre el derecho fundamental a la participación política. Al hacerlo, convirtió un mecanismo creado para ampliar la democracia en una barrera de exclusión, sustituyendo la decisión que debía tomar la ciudadanía por un criterio administrativo previo.

Esa interpretación desnaturalizó la consulta como instrumento de pluralismo y terminó neutralizando anticipadamente la participación de Iván Cepeda, no por el veredicto popular, sino por una decisión técnica que ignoró el principio democrático que debía proteger.

Con esos tecnicismos, el “artículo” y la “jugadita”, se desfiguró el sentido de la política como ciencia del Estado para convertirla en un instrumento de intereses particulares, lo que conduce a la protesta y a la barbarie que hemos padecido con esta clase de actos.

La violencia, en todas sus formas, no desaparecerá mientras se vulneren los principios de la libertad de participar, elegir y ser elegido, y mientras impere la corrupción y gobiernen las camarillas de siempre que han llenado de tumbas anónimas y ciertas nuestro atribulado país.