Opinión
Gobierno y protestas
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Por. Edgardo Ramírez Polanía
Los cambios propuestos por el gobierno, han traído consigo protestas en el Congreso y en las calles, convocados por la oposición y otras por el mismo gobierno que defiende sus programas que contienen implicaciones sociales de difícil pronóstico dadas las consecuencias contrapuestas de un país en crísis.
El gobierno debe ser la instancia que de un modo claro esté comprometido con el control de la sociedad y por lo mismo, no debe conculcar derechos contenidos en la Constitución, porque produce incredulidad que es la peste de la historia que no permite el desarrollo social equitativo.
El punto más importante en el desarrollo de un sistema de gobierno es la codificación de sus prácticas de control a través de la ley, para castigar con el poder y evitar los atracos, la extorsión, el homicidio narcotráfico para evitar grupos alzados contra el Estado.
Para que se obedezca la ley, grupos armados de distinta índole tienen al país sumido en grandes conflictos, los cuales en materia de seguridad pública requiere de un rápido viraje y así continuar evitando el delito sistemático de la delincuencia.
Parece que los fundamentos son las clases sociales y que, por lo mismo se incurre en una vaguedad deliberada del concepto o un error de significación cuando se habla de cambiarlas. Esas clases sociales existen no como consecuencia sino demostración del proceso histórico. Los que mandan y los que obedecen.
En nuestro país, muchos gobierno han hablado del cambio de estructuras y de la paz. Ninguno de los dos proyectos ha sido posible como sí lo fue en Francia y en Rusia, como ejemplo, que necesitó eliminar a los nobles y aristócratas, que en Colombia no han existido y eso facilita el diagnóstico social. No existirá un cambio profundo por las divisiones de clases, que siguen siendo las mismas y los gobernantes han sido los voceros de la clase económica.
Mejorar el status económico de la clase media en uno o varios de sus sectores o el de la clase obrera en cualquiera de sus grupos y desmejorar el de la burguesía rica y poderosa, no son actos revolucionarios que impliquen un cambio de estructuras no son un cambio de estructuras en el cuerpo social porque las clases sociales seguirán siendo las mismas. Y además, porque esa sociedad dividida en clases continuarán poseyendo el poder económico y el nivel cultural que hacen parte del sistema.
Existen, pues, en las palabras que usan alegremente más sorpresas de las que presumen. En todos los gobiernos que antecedieron al Presidente Petro, se han escuchado distintos tipos de cambio, y lo que hicieron fue un derroche de los prestamos internacionales y recaudos raquíticos de las grandes empresas nacionales e internacionales.
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En Colombia y Ecuador se copiaron del modo de protesta de delincuentes que se tomaron el Capitolio de EE.UU, matando y rompiendo todo a su paso. Los ex oficiales de los cuerpos no armados de la nación tienen derecho a protestar, exigir, cuando quiera que haya un acto de arbitrariedad. Que hasta el momento no se ha visto. Lo contrario, es el deseo que continúen los mismos grupos económicos dueños de la información y el poder financiero en las mismas costumbres.
Se debe dialogar para procurar el cambio de un país altamente desigual, que lleve a la desmovilización total de los grupos armados, y logre una paz en los campos y ciudades con medidas estrictas.
Los colombianos tenemos una explicación pero a veces poca aplicación en los contratiempos históricos, porque tenemos una justificación suficiente al ver países en manos de genocidas como Pinochet.
Colombia como el resto del mundo, tiende favorecer el paternalismo estatal, es decir, el poder del Estado con su centralismo absorbente y su intervención.
Todas formas de violencia, requieren de un tratamiento eficaz, que sirva para cambiar la crítica situación que vive el país.
El Gobierno debe sacar a la fuerzas armadas al campo y ciudades para contrarrestar el accionar de los grupos insurgentes, siempre resulta una inútil respuesta. Las FFAA son para defender a la nación. A ellos se les debe advertir que el Estado tiene justificación si está al servicio de sus ciudadanos.
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