Por Fernando Moreno

*Veedor cívico 

En el Líbano no se está discutiendo un crédito, se está negociando el futuro del municipio en los pasillos del palacio, favores y silencios comprados. 

Claro, hasta el mayor secreto se comenta en las calles y los cafés de Líbano, entre contratistas conservadores y presidentes de directorio. Lo que hoy pretenden vender como "desarrollo" no es más que la vieja fórmula del clientelismo maquillado de pavimento y cemento. $5.000 mil millones es la cifra que la administración municipal quiere convertir en deuda pública bajo el discurso emocional de las vías y las cinta huellas.

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Pero detrás de los renderizados, las promesas de progreso y las fotografías con casco blanco, lo que realmente se mueve es una maquinaria política que busca hipotecar al municipio para alimentar contratos, cuotas burocráticas y alianzas electorales con partidos como Cambio Radical y el partido Liberal.

Parte de esas decisiones se concretan en la estación de servicio o en el antiguo Telecom. Otras se cocinan desde las altas esferas liberales en Ibagué, para que los concejales de su bancada no lean, no piensen; simplemente obedezcan. Porque el concreto no une caminos, muchas veces une intereses.

Hoy los ciudadanos del Líbano deben preguntarse si las calles necesitan intervención. Claro que la necesitan. Pero, la verdadera pregunta es ¿porqué un gobierno incapaz de administrar con eficiencia, ahora pretende administrar una deuda multimillonaria?. ¿Cómo confiar en quienes no han demostrado capacidad de gestión, transparencia ni planificación, pero si una notable habilidad para operar políticamente al concejo?

Los rumores que recorren el municipio son demasiado graves para ignorarlos. Se habla de concejales alineados desde la comisión de presupuesto, de acuerdos cocinados antes del debate público y de una plenaria que no deliberará sino que simplemente levantará la mano para formalizar el negocio político ya pactado. Queriendo dar a entender que la democracia en el Concejo Municipal de de Líbano está degradada.

Lo peor, ver por ejemplo en los videos de redes sociales que hizo Johan Urrego, como el concejal Camilo Serrato de Cambio Radical afirma que los recursos son para invertir en el Líbano, dejando ver que el concejal no conoce la primera línea de justificación del empréstito, lo mismo ocurre con el Concejal de Santa Teresa.

No entienden que pueden incurrir en responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal al aprobar el empréstito con fines corruptos porque no conocen el proyecto no saben de la asignación presupuestal para proyectos concretos, priorizados y legalmente estructurados para invertir los recursos.

El peculado como delito exige entender a qué se exponen los concejales cuando no se hace el uso adecuado de los recursos públicos por no leer el contenido del proyecto y se exponen a una aprobación de un empréstito donde no saben el destino final; ahí se arriesgan porque por lo general pueden haber desvío de recursos. También porque puede haber interés indebido o prevaricato.

El cohecho puede estar a la orden del día cuando los contratistas hablan de 5 millones de coima. Por ello, es importante decirles a los concejales que son responsables por la indebida destinación de los dineros públicos, incluso, aunque no sean ordenadores del gasto. El problema no es solo jurídico sino político.

El empréstito puede ser legal formalmente, pero ilegítimo moral y políticamente. Y si hubo compra de votos "evidente desde el punto de vista de no leer lo que se aprueba" y que se puede configurar como una posible captura privada del presupuesto público.

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Se debe entender que cuando un concejal de la comisión de presupuesto no sustenta el proyecto y lo aprueba, está contribuyendo al "lavado técnico" de decisiones previamente negociadas.

"El empréstito puede aprobarse con apariencia de legalidad, mientras detrás del telón se negocia políticamente quien se queda con el negocio del concreto".

Ni crean los concejales de Cambio Radical y del partido Liberal que el próximo año van a repetir curul, porque así como el concejal del partido Verde pidió más comparendos y más guardas de tránsito, difícilmente recibirán el apoyo de un electorado que ya sabe cómo venden los intereses de quienes pagan los impuestos y eso se cobra.

También están ahí listas las demandas por pérdida de investidura por no leer el proyecto y aprobar algo que no conocen. Ya saben a qué se exponen.