Por Edgardo Ramírez Polanía

La historia política de Colombia demuestra que las grandes violencias nacionales de carácter político no han nacido de manera súbita, sino que se han fraguado lentamente por el enfrentamiento atizado por las innobles pasiones de sus dirigentes.

Antes de que los pueblos se enfrenten en los campos, en las calles o en las plazas, suele haberse incubado una atmósfera de agravios, exclusiones, fanatismos y palabras incendiarias. 

La violencia empieza muchas veces cuando el adversario deja de ser contradictor democrático y pasa a ser tratado como enemigo moral, como amenaza para la patria o como ser indigno de respeto.

Entonces, el voto ya no se considera como la expresión legítima de una conciencia ciudadana, sino como señal de pertenencia a un bando supuestamente superior, que se convierte en irreconciliable y que mira al otro con odio y desconfianza.

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Colombia conoce demasiado bien ese tránsito fatal. Lo vivió en las guerras civiles del siglo XIX, lo padeció en la Guerra de los Mil Días y volvió a sufrirlo con especial crudeza en el siglo XX, cuando la rivalidad entre liberales y conservadores dejó de ser una disputa doctrinaria para convertirse, en muchas regiones, en una frontera de sangre.

La política se volvió color, consigna, herencia familiar, pasión religiosa e identidad cerrada. Y cuando los partidos se acostumbraron a mirar al otro como peligro absoluto, la nación empezó a extraviar la serenidad indispensable para tramitar sus diferencias dentro de la ley, y terminó resolviéndolas por mano propia.

La elección presidencial de 1946 fue uno de esos momentos en que la democracia colombiana mostró su fragilidad. No se trató solamente de escoger un presidente; se trató de una contienda atravesada por viejos resentimientos, por divisiones internas, por ambiciones partidistas y por una prensa abiertamente comprometida con sus causas.

El país llegaba de las tensiones de la República Liberal, de las reformas de Alfonso López Pumarejo que afectaron a sectores privilegiados, de la resistencia conservadora, de las fracturas del liberalismo y de una creciente inconformidad popular que encontraba en Jorge Eliécer Gaitán una voz poderosa y desafiante.

El liberalismo, que había gobernado durante dieciséis años, llegó dividido a la elección. Gabriel Turbay representaba el liberalismo oficial, moderado e institucional. Jorge Eliécer Gaitán encarnaba, en cambio, la movilización popular, la denuncia contra la oligarquía y la idea de que existían dos países: el país político, encerrado en sus privilegios, y el país nacional, compuesto por las mayorías excluidas.

Esa diferencia, que pudo haberse tramitado con grandeza dentro del partido, terminó convertida en una lucha amarga, cargada de ataques personales, burlas y descalificaciones.

Gabriel Turbay fue atacado por su origen sirio-libanés, con expresiones xenófobas que revelaban hasta qué punto la política podía degradarse en prejuicio. Gaitán, a su vez, fue blanco de señalamientos racistas de indio, de temores clasistas y de una campaña que buscaba presentarlo como amenaza para el orden establecido.

La disputa dejó de girar exclusivamente alrededor de programas y se contaminó con los venenos de la exclusión personal. Cuando una campaña electoral permite que el origen, la raza, la condición social, las creencias o el temperamento del candidato se conviertan en armas de destrucción moral, la democracia empieza a perder su nobleza.

Mientras el liberalismo se desgarraba entre turbayistas y gaitanistas, el conservatismo leyó con astucia la oportunidad histórica. Después de años de abstención y oposición, comprendió que la división liberal podía abrirle nuevamente las puertas del poder. 

Laureano Gómez, aunque representaba una corriente más combativa y sectaria, aceptó la candidatura de Mariano Ospina Pérez, presentada bajo la fórmula de la Unión Nacional. Esa consigna buscaba proyectar una imagen de conciliación, pero el país terminó hundido en la violencia con los atroces “pájaros del Valle.

La candidatura de Ospina apareció como una promesa de equilibrio en medio de una nación agitada. Pero detrás de la aparente moderación subsistían las tensiones de un conservatismo sectario y de un liberalismo que se defendía con la misma dureza de su adversario.

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Las plazas públicas, los periódicos y las emisoras, como sucede hoy, no siempre contribuyen  a pacificar el ambiente. Por el contrario, muchas veces amplifican las pasiones y vuelven un espectáculo la injuria que  forma una opinión pública más dispuesta al resentimiento que a la reflexión.

Ese mismo, fue el clima moral de 1946, con un país convocado a votar, pero emocionalmente preparado para enfrentarse; unos partidos incapaces de contener a sus extremos; unos líderes que no siempre midieron las consecuencias de sus palabras; y unas bases populares que empezaban a sentir que la política no era solo una diferencia de ideas, sino una disputa por la dignidad, el poder, el empleo, la tierra y la vida. En ese ambiente, la elección no podía quedar reducida al conteo de votos. Era también el síntoma de una nación que estaba perdiendo la capacidad de reconocerse en la diferencia.

Esa confrontación permanente fue aumentando hasta el agravio impulsado por dirigentes políticos y degeneró en las peores manifestaciones de barbarie entre ciudadanos de los partidos Liberal y Conservador. El país, con el peso de la Iglesia en uno de los bandos y con las pasiones partidistas convertidas en mandato moral, desembocó en la llamada Violencia, que dejó aproximadamente 250.000 muertos y una herida que todavía no termina de cerrarse en la memoria nacional.

Por esa razón, es necesario hacer un llamado al Gobierno, a los partidos, a sus dirigentes y a los ciudadanos para deponer los odios y los resentimientos, estén o no fundados en agravios reales. La salvación del país no está en la revancha, ni en la humillación del adversario, ni en la destrucción moral de quien piensa distinto, sino en un entendimiento nacional que permita mutuas concesiones, si de verdad queremos concordia y no violencia entre los colombianos.

Ese llamado cobra especial vigencia en la Colombia de hoy. Después de una campaña presidencial áspera, en la que Abelardo de la Espriella resultó elegido presidente, sería un grave error que sus seguidores o sus opositores convirtieran el debate democrático en una prolongación de la guerra verbal. 

Una cosa es ejercer el derecho legítimo a la crítica, vigilar los nombramientos públicos, examinar las hojas de vida y exigir idoneidad; otra, muy distinta, es degradar a las personas por sus creencias religiosas, por su vida privada o por prejuicios ideológicos que anulan de antemano cualquier posibilidad de juicio sereno.

Eso ocurre, por ejemplo, con la anunciada llegada de Viviane Morales al Ministerio de Educación. Puede discutirse si su trayectoria corresponde o no a las exigencias técnicas del sector educativo; puede debatirse su pensamiento, su experiencia administrativa, sus posturas públicas y el sentido político de su designación. Lo que no resulta aceptable es que, antes de posesionarse y antes de ejercer el cargo, se le condene por sus convicciones religiosas como si la fe, por sí sola, inhabilitara a una persona para servir al Estado. Colombia es una república laica, precisamente para garantizar que ninguna religión se imponga sobre las demás, pero también para impedir que una persona sea excluida de la vida pública por profesar una creencia.

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La democracia no puede defenderse con intolerancia. Quienes reclaman respeto para sus ideas deben otorgarlo también a las ideas ajenas. Quienes piden garantías para sus sectores políticos no pueden negar, cuando cambia el poder, el derecho de otros a gobernar dentro de la Constitución y la ley. La oposición es necesaria, vigilante y legítima; pero se desnaturaliza cuando sustituye el argumento por el insulto, la crítica por el linchamiento moral y la deliberación por la sospecha absoluta.

Igualmente reprochable resulta que la pasión política se traslade a los estadios, a los espacios familiares y a los escenarios deportivos. Los insultos dirigidos contra los hijos de Gustavo Bolívar durante un partido de la Selección Colombia en Kansas son una muestra deplorable de esa enfermedad nacional que confunde la discrepancia política con el derecho a humillar. Ningún hijo debe cargar con las adhesiones o los rechazos que despierta su padre, ni la familia en blanco de agresión verbal por razón de una militancia, de una opinión o de una trayectoria pública.

El estadio, que debería ser lugar de encuentro, alegría colectiva y fraternidad nacional, no puede convertirse en prolongación de las bodegas, de los odios partidistas o de las venganzas políticas. Cuando una barra insulta a una familia por razones ideológicas, deja de ser hinchada y se convierte en turba grosera e intolerante. Y cuando los colombianos llevan al exterior esas conductas, no solo degradan el espectáculo deportivo, sino que comprometen el nombre del país ante el mundo.

Ya ocurrió, con vergüenza nacional, durante la final de la Copa América de 2024 entre Argentina y Colombia, disputada el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Cientos de personas sin boleto intentaron ingresar por la fuerza, derribaron controles, escalaron estructuras, burlaron los filtros de seguridad y hasta se colaron por zonas de ventilación y aire acondicionado del estadio. El partido se retrasó, hubo daños, personas arrestadas, aficionados con entradas legítimas que no pudieron ingresar y una imagen lamentable de indisciplina colectiva.

No se trata de generalizar ni de acusar a todo un pueblo por la conducta de unos cuantos. La mayoría de los colombianos honra al país dentro y fuera de sus fronteras. Pero esos episodios demuestran que la intolerancia, el irrespeto a la norma y el fanatismo no son males menores. Son síntomas de una cultura que necesita recuperar el sentido del límite, de la autoridad legítima, de la convivencia y del respeto por el otro.

Colombia no puede seguir formando ciudadanos que solo respetan la ley cuando les conviene, que solo aceptan los resultados cuando gana su bando, que solo reconocen derechos cuando favorecen a los suyos y que solo condenan la violencia cuando la ejerce el adversario. Esa doble moral ha sido una de las raíces de nuestras desgracias históricas.

La lección de 1946, de la Violencia y de tantos episodios dolorosos debe ser clara, porque las injurias preparan los caminos de la violencia. La injuria abre puertas que después la razón no logra cerrar. El fanatismo, cuando se normaliza, termina justificando la agresión. Y una sociedad que se acostumbra a despreciar al contradictor acaba perdiendo la posibilidad de convivir consigo misma.

Por eso, el país necesita una pedagogía pública de la serenidad. El Gobierno entrante debe entender que gobernar no es vencer al vencido, sino conducir a todos. La oposición debe comprender que resistir no es destruir, sino vigilar con argumentos. Los partidos deben educar a sus bases en la tolerancia. Los medios deben evitar que la controversia se convierta en espectáculo de odio. Y los ciudadanos deben recordar que ningún triunfo electoral, ningún nombramiento, ningún partido de fútbol y ninguna diferencia ideológica autorizan a pisotear la dignidad humana.

La democracia no consiste en que todos pensemos igual. Consiste en que podamos pensar distinto sin matarnos, sin insultarnos, sin expulsarnos moralmente de la patria. Colombia solo tendrá porvenir si aprende a discutir sin odiar, a competir sin destruir y a ejercer la libertad sin convertirla en licencia para agredir. La patria no necesita más fanáticos ni más odio, necesita solidaridad y comprensión para que existan buenos ciudadanos para su progreso nacional.