Mientras los argumentos de la alcaldesa Beatriz Valencia no logran convencer sobre la necesidad de acudir a un crédito bancario para el arreglo de vías, la ciudadanía le reclama haber optado por la vía fácil, dándole la espalda a la gestión ante el Gobierno Nacional o la Gobernación del Tolima.

La papa caliente está en manos del Concejo Municipal de Líbano. Este lunes 25 de mayo se debatirá la viabilidad del proyecto de Acuerdo presentado por la administración de la alcaldesa Valencia, el cual busca la autorización para contratar un empréstito por $5.000 millones de pesos. La iniciativa, destinada al mejoramiento de la infraestructura vial, ha fracturado las opiniones locales entre quienes ven una oportunidad de desarrollo y quienes advierten un riesgo inminente para las finanzas públicas.

De acuerdo con el proyecto radicado, la inversión se dividiría en partes iguales: $2.500 millones para el sector urbano (recuperación de la malla vial) y $2.500 millones para el sector rural (intervención de vías terciarias). Sin embargo, el verdadero nudo del debate está centrado en el elevado costo financiero del crédito.

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Bajo las condiciones actuales del mercado, la proyección apunta a un plazo de pago de 5 años (60 meses), tiempo en el cual el municipio pagaría $1.800 millones de pesos solo por concepto de intereses. Esto significa que el Líbano terminará desembolsando un total cercano a los $6.800 millones, comprometiendo una partida anual fija que asfixiará el presupuesto corriente

Gestión vs. endeudamiento

La polémica también se mide desde la estrategia administrativa. Mientras los argumentos de la alcaldesa Valencia se quedan cortos a la hora de defender el porqué acudir a la banca privada para recuperar calles, la ciudadanía hace hincapié en que la administración eligió el camino del menor esfuerzo.

Quienes se oponen argumentan que, dado el pasado financiero del municipio —que incluyó un tormentoso proceso de reestructuración de pasivos bajo la Ley 550—, comprometer el flujo de caja actual es una medida peligrosamente irresponsable.

Pagar $1.800 millones en intereses representa un costo financiero cercano al 36% del valor total del crédito. Los críticos señalan que ese dinero bien podría transformarse en obras reales si los recursos se gestionaran a nivel departamental o nacional mediante cofinanciación, en lugar de regalarle dividendos al sector financiero.

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Poca plata, metas dudosas y el fantasma de la mala calidad

Otro aspecto que inquieta a las veedurías ciudadanas es la alarmante relación entre la vida útil de las obras y el tiempo de pago de la deuda. Existe el riesgo latente de que, debido a la histórica falta de rigurosidad en la contratación pública, las obras ya estén deterioradas antes de que el municipio termine de pagar el crédito en el año 2031.

A esto se suma que $5.000 millones son un grano de arena frente a las gigantescas necesidades de la red de vías terciarias del municipio; con $2.500 millones para el campo, el avance será mínimo.

La preocupación aumenta al revisar el proyecto de Acuerdo, donde no se especifican detalladamente los tramos ni los lugares exactos a intervenir. Aunque la alcaldesa Valencia aseguró recientemente que aspira a pavimentar 11 cuadras urbanas y construir alrededor de 25 kilómetros de placa huella en el sector rural, los documentos oficiales carecen de esa precisión técnica.

La mayor parte de la población comparte un sentimiento de profunda desconfianza. Por más que la mandataria pregone transparencia, en las calles el temor es generalizado: que el dinero se diluya en contratos mal ejecutados, que las metas no se alcancen y que, como suele ocurrir en la cultura de la negligencia local, al final falte hierro y cemento, pero eso sí, sobre la arena.

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El fantasma de la Ley 550 y los "pañitos de agua tibia"

Endeudar a un municipio para hacer mantenimiento rutinario es el equivalente financiero a pedir un crédito bancario para pagar el mercado del mes: el mercado se consume en semanas y la deuda permanece por años.

La doctrina de la gestión pública es clara: un ente territorial solo debería endeudarse para adquirir activos que generen valor a largo plazo o que multipliquen la productividad (como una vía nueva que abra una zona comercial o turística), no para gasto corriente o reparaciones cosméticas.

Este lunes quedará al descubierto si el Concejo Municipal cuenta realmente con un estudio serio de sostenibilidad financiera. Se necesita demostrar con números técnicos que Líbano no correrá el riesgo de regresar al infierno de la Ley 550, y que la capacidad de recaudo local (Impuesto Predial e Industria y Comercio) tiene la fuerza para cubrir cuotas anuales de aproximadamente $1.360 millones de pesos sin ahogar la inversión social en salud, educación o cultura, o dejar al municipio desarmado ante emergencias climáticas.

Quienes vivieron la crisis del pasado saben que esas "experiencias amargas" no son simples cifras en un papel; significaron años de parálisis administrativa, pérdida de autonomía territorial y la humillación de tener que priorizar los pagos a los bancos por encima de las necesidades de los sectores más vulnerables.

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Concejales entre la espada y la pared

Cualquiera que sea la decisión que tomen los concejales en las próximas horas, la posición en la que quedan es sumamente incómoda: si aprueban el proyecto, cargarán con la responsabilidad histórica del endeudamiento y el riesgo de la quiebra; si lo niegan, la administración los señalará públicamente de ser los "palos en la rueda" que frenan el desarrollo del municipio.

Por el momento, el debate deja dos preguntas flotando en el aire del municipio y que exigen respuesta inmediata:

¿Será un acierto financiero tramitar un empréstito de esta magnitud en un municipio históricamente golpeado por el bajo recaudo local?

¿Dónde están los radicados de los proyectos ante el Gobierno Nacional o Departamental que demuestren fehacientemente que el crédito bancario era la última y única opción disponible?