Por Carlos Alberto Estefan Upegui
*Exgobernador del Tolima

Suspendido el proceso de empalme, continúa el "tira y afloje" entre el gobierno en ejercicio —quien desconoce la legitimidad de las elecciones debido a unos escrutinios que, según sus propias palabras, resultan «opacos y vulnerables al fraude»— y el supuesto presidente electo, que irrumpe presentando el proceso como una “gran cruzada anticorrupción” y que el actual ministro de Trabajo califica de tramposa, peligrosa, irresponsable y extralegal.

Se desvirtúa entonces, la razón de ser de los empalmes, regulados por la Ley 951 de 2005, los cuales deben ser objetivos, documentados y reservados hasta que se confirmen los eventuales hallazgos, si es que existen.

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Todo ello ha ido convirtiéndose en una especie de sainete, cuyo elenco lo encabeza el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, con un libreto muy parecido al del famoso Inspector Ruanini, personaje de Sábados Felices en la década de 1970.

Para quienes no recuerden, se trataba de una parodia interpretada por un humorista que posaba de investigador experto, pero era torpe y terminaba culpando a quien no era. Algo semejante a lo que ha ocurrido ahora con Restrepo, quien habla —según su propio parecer— de “cientos de irregularidades” y “destrucción institucional profunda” sin mostrar documentos concretos ni permitir que se verifiquen sus afirmaciones.

Actitud que ha exacerbado otros señalamientos incendiarios que, según algunos analistas, provienen de sectores extremistas de derecha y resultan injuriosos y calumniosos.

La gracia de "Ruanini” era el contraste entre su actitud solemne y sus conclusiones absurdas —entonces jocosas—, mientras que las de esta flamante comisión de empalme, autodenominada “anticorrupción”, supone una acusación deliberada que no respeta ni el principio de presunción de inocencia ni el debido proceso y tampoco deja que los organismos de control —Procuraduría y Contraloría— validen los supuestos hallazgos, y confunde simples diferencias de gestión, retrasos o decisiones políticas con delitos o daños comprobados.

De esta forma, la comisión construye de antemano su propia hipótesis, jocosa por lo torpe, pero peligrosa e irresponsable, pues le hace creer a la opinión pública que el país se encuentra en un estado crítico sin siquiera revisar la información oficial, y así dar la impresión de que solo ellos podrán salvarlo y ganar apoyo popular —aunque después nunca concreten esas denuncias ante la justicia.

Tan poco fiable y traumática es su actitud que la suspensión de las reuniones con el gobierno saliente desde el pasado 7 de julio demuestra que no tienen interés en completar una revisión objetiva ni profundizar en los puntos que realmente requieren atención.

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En consecuencia: cualquier denuncia debe presentarse ante la justicia acompañada de pruebas, no solo mediante declaraciones públicas irrespetuosas y de mala fe.

En resumen, al igual que hacía el inspector de marras, se busca dar la impresión de estar ante una gran investigación reveladora, cuando en realidad aún no hay certezas —y mucho menos pruebas definitivas— de lo que se afirma.