Por Ing. Luis Fernando Díaz - Presidente Veeduría VAPI

“El que le tenga miedo a los órganos de control que renuncie”, esta reveladora sentencia, proferida muy recientemente, por el mayor gamonal de nuestros tiempos, aunque no pasó desapercibida ya que fue materia de múltiples titulares, de lo que si careció fue de un adecuado y detenido análisis departe de estudiosos de la política o sociólogos de esclarecedoras luces. Y es que, viniendo del dirigente que hoy por hoy acumula el mayor poder político – burocrático, nunca antes visto en el Tolima, sus connotaciones y fundamentos, deberían de ser objeto de detenida atención.

Aunque es por todos sabido, que no existen fundados motivos para que los ordenadores del gasto de la burocracia local y regional, profesen respeto y mucho menos temor, a los organismos de control, ello debido a que estas entidades del Estado, responsables de hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que velan por la correcta utilización de los recursos públicos y la conducta de sus funcionarios, ello debido a que las mismas fuerzas políticas se reparten el dominio burocrático de las entidades ejecutoras de los dineros públicos, de igual forma y de manera milimétrica, se reparten, cual franquicia, el dominio de los órganos de control, asegurándose así, la actuación impune de sus alfiles burocráticos.

Esta milimétrica repartición, además, se realiza como medio para la conformación de una especie de matriz de gobernabilidad de la cosa pública, en la que la consigna entre las diferentes facciones políticas, se resumen en “hagámonos pasito”, o: “Yo te cubro y tú me cubres”.

La consecuente impunidad que deviene de la subordinación/cooptación de los organismos de control, se materializa mediante el despliegue de una serie de prácticas administrativas estratégicamente concebidas y que veedores ciudadanos nos han ilustrado, así:

‘Archivadurías’: Las investigaciones que se abren, generalmente por denuncias y  presión ciudadana, luego  de  cursar  laberinticos  e interminables procesos, generalmente amparados en la sombra la reserva del debido proceso, generalmente terminan archivados.

‘Engavetadurías’: Aquellos procesos que connotan asuntos de mayor exposición mediática o de algunos intereses muy particulares, por decisiones de los investigadores, duermen el sueño de los justos, a la espera de uno u otra medida o decisión, engavetados en los escritorios de altos funcionarios de control, encargados del impulso de las investigaciones.

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‘Trasladadurías’: Como es natural que un peculado o saqueo de recursos públicos, o una cualquiera falta de funcionario público, tenga más de una implicación (disciplinaria, penal, fiscal, administrativa), la práctica más desplegada en los organismos de control, es la de trasladarse entre sí las responsabilidades de las investigaciones, procurando guardar las apariencias de la diligente gestión, pero sin asumir lo propio.

‘Capacitadurías’: Pero como hay que guardar las apariencias, porque “la mujer del César, no solo debe de ser digna, sino que, además, debe parecerlo”, el mecanismo ideal para lograrlo, es ofrecerles a los ciudadanos, profusas capacitaciones, sobre la importantísima labor que desempeñan los organismos de control, en la que es común denominador que “el factor ciudadano” sea definitivo en la lucha contra la corrupción. La teoría de estas capacitaciones, ya a la salida de las aulas es confrontada y desmentida por los ciudadanos con una aberrante realidad.

‘Viaticadurías’: Este es otro de los deportes olímpicos predilectos por la burocracia de los organismos de control. Es tan importante la presencia de estos funcionarios en las regiones y tan importante fortalecer sus capacidades, que la práctica del turismo burocrático con recursos públicos, en algunos de los órganos de control, son materia de especialísima asignación presupuestal, la cual, de manera muy eficiente es ejecutada en su totalidad, incluida adiciones.

La práctica de la impunidad garantizada, de vez en cuando se ve perturbada por la aparición de decisiones administrativas o fallo de organismos de control, en los que se toman correctivos ejemplarizantes.

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Este es el caso de la reciente decisión de demoler una construcción ubicada en la calle 59 con carrera 6 en Ibagué; no obstante, lo primero que se pregunta el desprevenido ciudadano, es, ¿por qué no sucede lo mismo con infinidad de construcciones en el barrio Piedra Pintada, que de la misma manera o incluso más evidente, se han apropiado de espacios públicos a lo largo y ancho del barrio y de la ciudad?, ¿será que estamos frente a un nuevo caso de “justicia para los de ruana”?

Y algo similar, pero aún más perturbador, sucede con la administración de justicia: Es sabido que en Ibagué y el Tolima, existe un gran y creciente número de tutelas y acciones populares, falladas a favor de vulnerados ciudadanos desde hace ya lustros, cuyo cumplimiento duerme el sueño de los justos, en tanto que los derechos violentados se convierten en letra muerta (constitucional).