Por: Pipe Ferro
*Presidente Asamblea del Tolima

El presidente Gustavo Petro, quien en su momento criticó estas prácticas y se presentó como un defensor de la superioridad moral, ahora enfrenta críticas debido a casos que podrían considerarse como ejemplos de estas acciones.

Es importante destacar que muchas de estas acciones pueden considerarse que no son ilegales, pero resulta irónico que aquellos que solían cuestionarlas ahora las adopten o incluso las realicen de manera más evidente y exponencial.

Esta semana, por ejemplo, se reveló un escándalo en el que el esposo de la controvertida ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se adjudicó un contrato público para la relación de un proyecto de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos, y que a claras luces es un evidente tráfico de influencias.

El hombre en cuestión, Sjoerd van Grootheest, de nacionalidad de Países Bajos, fue seleccionado para liderar un proyecto de tal envergadura sin contar con los méritos necesarios. Esto demuestra de manera evidente un claro favorecimiento por parte de la ministra. Pero el escándalo no termina ahí. Resulta que, en su última declaración de bienes, rentas y registro de conflictos de interés, la ministra había afirmado no tener pareja. Sin embargo, pocos días antes de la contratación, su esposo aún era solamente su pareja. Luego, intentando justificar lo injustificable, salió a decir que fue un "error de digitación". ¿Acaso creen que somos tontos y nos creemos esos cuentos?

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Pero los favorecimientos de la cúpula del gobierno del cambio no se limitan a la ministra Irene Vélez. Otros altos funcionarios también se han aprovechado de su posición para colocar a sus parejas en puestos clave. La esposa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ostenta el cargo de directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Por su parte, la esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es superintendente delegada en Supersalud, la entidad encargada de vigilar, entre otras cosas, al propio Ministerio de Salud. Es decir, es la esposa vigilando al esposo. ¿Dónde quedó la imparcialidad y la transparencia?

Pero esto no termina aquí. La pareja del presidente de Ecopetrol también ha sido beneficiada por la repartija de puestos sin merito alguno en el gobierno del cambio. Este individuo ha tenido dos contratos con el Estado, uno como funcionario público y otro por prestación de servicios para una entidad pública. Esto va en contra de la ley y es un ejemplo claro de cómo la corrupción se ha arraigado en las altas esferas del poder del mal llamado gobierno del cambio.

Y qué decir de la ministra del Trabajo, quien tiene a dos de sus hijos trabajando en el gobierno nacional. Uno de ellos ocupa el cargo de director jurídico de la USPEC, entidad encargada de proveer infraestructura, alimentación y servicios para la población privada de la libertad. El otro trabaja en el Ministerio de Cultura. Si bien es posible que estas personas cuenten con los perfiles adecuados, pero es claro que sus oportunidades laborales en el gobierno se deben a su relación familiar con la ministra.

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Para rematar, la esposa del secretario general de la Presidencia es la directora de Empleo del Sena. Y, como si eso no fuera suficiente, el esposo de la ministra de Educación cuenta con contratos con el Estado, siendo el más destacado de ellos en la Defensoría del Pueblo.

Estos son solo algunos ejemplos que demuestran el abuso, la corrupción y la falta de ética que prevalece en el gobierno del cambio. Es esencial reflexionar sobre la coherencia del gobierno del cambio. Resulta irónico cómo antes era fácil para ellos criticar y rechazar estas acciones utilizando sofismas discursivos, mientras que ahora parecen estar involucrados en las mismas prácticas que antes condenaban. Este contraste nos invita a pensar en la importancia de la congruencia y la honestidad en el ejercicio del poder.