Por Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

Ibagué obtiene el 80 por ciento del agua que suministra a sus habitantes de la cuenca del Combeima. Abastecida principalmente por el río que lleva su nombre, en ella convergen las microcuencas de las quebradas Cay y La Plata, como fuentes de mayor aporte hídrico secundario.  Sus características geomorfológicas en la parte alta del río, hacen que sea susceptible a procesos erosivos que comprometen su suelo y que por la escorrentía natural terminan en el cuerpo del agua.

De igual manera, la actividad del ser humano en la producción agrícola y la deforestación permanente, la convierten en una zona de alto riesgo, especialmente en los meses de junio y julio, conforme lo demuestran numerosos estudios y análisis realizados por instituciones públicas y privadas y las reiteradas catástrofes que de ella han sobrevenido.

(Puede leer: Mariano Rajoy, un eslabón más)

El Plan de Ordenamiento Terrritorial de Ibagué (Acuerdo 116 de 2000) la cataloga como “zona de amenaza por flujos hídricos y amenaza por remoción en masa” en la zona rural (artículos 142 y 143). Así mismo, se declaró como zona de uso prohibido con destino a: “loteo para construcción de viviendas, usos industriales y de servicios comerciales, carreteables, tala de árboles y cultivos perennes”.

El Decreto Nacional 1480 de 2007, artículo dos, priorizó la intervención de la cuenca por sus particulares condiciones de riesgo e impacto sobre la población, dándole la competencia a Cortolima de ejecutar las acciones necesarias para prevenir y mitigar los factores de riesgo. En idéntico sentido las leyes 99 de 1993 y 1450 de 2011 obligan a los municipios y departamentos a invertir como mínimo el uno por ciento de sus ingresos corrientes anuales para su mantenimiento. Como complemento normativo, el Gobierno Nacional el 10 de diciembre de 2009 aprobó el documento Conpes 3570 para priorizar la inversión de recursos en la protección y prevención de la cuenca, primero para garantizar el suministro permanente de agua a la ciudad y segundo, como instrumento preventivo ante la ocurrencia de catástrofes como la reciente y de ocurrencia cíclica en la zona, como lo registra la historia.

En la cuenca, desde el año 2000 se han realizado más de 1.000 contratos del orden municipal, departamental y nacional para reforestación, prevención, reparación, mitigación, compra de predios,  capacitación y 50 objetos más, por valor de cientos de miles de millones de pesos. Y a pesar de las normas e inversión, la situación empeora. Los recursos ejecutados por Cortolima, el Ibal, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Alcaldía de Ibagué, los Consejos para la Gestión del Riesgo municipal y del Tolima, el Ministerio del Agua y Medio Ambiente, así como la Gobernación, se esfuman entre fundaciones, corporaciones y asociaciones ecológicas, ambientales y comunitarias, y en disímiles contratos de ingeniería forestal y civil, contratados bajo la figura de la “urgencia manifiesta”, que hasta se pagan sin ejecutarse.

(Puede leer: Nestorcito mentiroso)

Una realidad, en la que cada institución tiene su cuota de responsabilidad y que de forma mancomunada se esconde.