Por: Samuel Gómez - Ex jefe de debate de la campaña del Presidente Gustavo Petro en el Tolima.

Son varios los sucesos difíciles que el Gobierno del presidente Petro ha sorteado por estos días; parte de ellos, por debilidades y errores propios, producto tal vez, de la novedad en el manejo del poder, pero, sobre todo, por la campaña continuada de desgaste que le están propiciando sectores extremistas y poderosos, enquistados en la sociedad colombiana, en una muestra clara de lo que es un proceso concertado de golpe de Estado blando, como se le llama actualmente, a esa censurable forma de asalto (pacífico, ya no a sangre y fuego), a la voluntad de las mayorías, que han elegido legítimamente al gobierno.

Sobra decir, que quienes instigan el golpe de Estado, son los mismos que han concentrado el poder y los recursos del país, poniéndolos al servicio de castas, que lo han gobernado con resultados deplorables durante muchos años, en términos del justo equilibrio necesario, entre quienes más tienen y los sectores de trabajadores, campesinos, estudiantes, clase media e informales, menos favorecidos por la fortuna, que sufren carencias en los servicios básicos, y requieren que se cumplan los cambios prometidos.

En este sentido, por el hoy presidente, que accedió al poder gracias a una coalición democrática de partidos y tendencias, que coincidieron en la necesidad de producir los cambios negados, por aquellos exgobernantes y sus élites, que poco o nada hicieron, para mejorar la situación social y devolverle la paz al territorio colombiano.

Vale recordar que el apoyo al actual gobierno se convino para operar reformas importantes en justicia y equidad, dentro del marco del respeto a la Constitución política y las instituciones democráticas, que no tienen que ver con la revolución bolivariana, ni el comunismo del siglo XXI.

Los cambios se encaminan, desde los proyectos de ley que presenta el gobierno al Congreso, a los que, el poder legislativo, puede y debe introducirle los virajes, que en su leal saber y entender considere, para generar al final, unas leyes inscritas en el marco de la institucionalidad democrática nacional.

Quienes urden la conspiración, son sectores de distintas procedencias, entre otros, expresidentes, militares retirados, banqueros, grandes empresarios, representantes de gremios y,  algunos propietarios de latifundios, insaciables, con visiones rancias, que en la desidia de su reinado, han hundido al país, en los más desiguales, injustos y conflictivos del mundo, pero que hoy, no aceptan la decisión de las mayorías y se niegan a rajatabla a dar el paso a un nuevo mando, que sujeto a la integridad de la Constitución Nacional y en coalición con fuerzas políticas, inclusive de los mismos partidos existentes, se propone producir cambios en los servicios más esenciales, en beneficio de aspectos cruciales en la vida del país, como, la salud, educación, las relaciones laborales, económicas, sociales y productivas, que produzcan mejoras de fondo y generen un componente de equidad, que haga del país una patria vivible y pacífica.

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En la actualidad, las fuerzas golpistas se empeñan en sumar muchos sucesos y ocurrencias negativas para el país y los intereses de los colombianos, dentro del territorio o fuera de él, los cuales, en forma hábil, exagerada y mendaz, son adjudicados como anomalías, producto del “mal gobierno”, creando en la opinión y las masas, un desprestigio mediático de la administración.

La punta de lanza de la intentona golpista, es utilizar a fondo, como fuerza comunicativa y de desprestigio, a los medios de comunicación masivos, que son de su propiedad y están a su servicio. Además, utilizan con el mismo pérfido fin, uno a uno, los demás recursos de poder, que la oposición tiene en la actualidad, entre ellos, instituciones como, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación e, inclusive, sectores de la justicia, que tampoco ahorran esfuerzo alguno, en entorpecer la labor gubernativa.

Las agresiones al Gobierno, tienen plena sistematicidad y, van en consonancia, las maniobras de desestabilización, con que los conspiradores lo enfrentan a un ambiente de desconfianza y aislamiento, buscando crear, en los planos nacional e internacional, una falsa situación de no gobernabilidad, para tener la llave que abrirá la puerta a cualquier maquinación contra el presidente y justificar su expulsión, con visos falsos de legalidad, perfeccionando el golpe de Estado blando.

 Para evitar que este atentado contra la democracia se imponga, es preciso meterle democracia al tema: que todas las fuerzas políticas y las tendencias que acompañaron y siguen acompañando las ideas de cambio, paz y equidad, del actual gobierno, se manifiesten, denuncien ante la comunidad nacional e internacional, esta torcida pretensión, evitando su concreción y facilitando el cambio buscado por los cauces institucionales. 

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Para las regiones del país y, concretamente para el Tolima, lo que se impone es la necesidad de organización de los partidos de la coalición de gobierno y demás fuerzas políticas amigas, que debemos unirnos en un gran esfuerzo, para que la población se haga consciente de la verdadera problemática actual y de los subterfugios con que los poderosos se empeñan en detener el cambio que urge en Colombia, de modo que a la gente no la mantengan, como hasta ahora, convertida en un rebaño al que ciegan, para que no vea el grado de corrupción con que lo han tratado -y lo siguen haciendo-, al presupuesto público, convertido en el botín de sus malas andanzas.

El norte del florecimiento de la nueva política está en formar a un electorado con conocimiento y reflexión, para emitir el voto por quienes de verdad quieren cambiar esta realidad sombría y desigual, que pesa sobre esa mayoría, que sigue siendo el colombiano de a pie.

Es apropiado, de acuerdo con lo comentado, que quienes trabajamos en las regiones en este nuevo enfoque, estemos revestidos del apoyo, la coordinación y la atención del nivel nacional, para que nos concentremos en una campaña fuerte, dirigida al logro de la elección democrática de los candidatos a las dignidades locales, en busca de mantener una abundante figuración en las regiones, que consolide una verdadera gestión por el cambio.      

Lo que pretenden desconocer las fuerzas golpistas, es que Colombia no es igual a todos los países que han sufrido la violación de la voluntad de la ciudadanía, mediante el golpe de Estado blando, como Ecuador, Paraguay, Bolivia, Honduras y el mismo Brasil.

Nuestra nación ha sido duramente castigada por diversos golpes de Estado de carácter violento y totalitario, ocurridos en casos como el del año 1900, cuando José Manuel Marroquín, despojó del poder al presidente Manuel Sanclemente y ordenó su arresto, o en 1953, en el último acontecimiento de este tipo registrado en nuestra historia, en que el general Gustavo Rojas Pinilla se aprovecha de la incapacidad por enfermedad, del presidente Laureano Gómez, lo que había obligado a que el designado presidencial en funciones Roberto Urdaneta, ejerciera  transitoriamente la presidencia, el referido general, lo depone y gobierna autocráticamente, hasta  mayo de 1957, cuando, ante el repudio generalizado, entregó el poder a una junta militar, con el encargo concreto para que sus integrantes, cuanto antes, retomaran el rumbo democrático de la nación.

Hoy, somos una patria todavía dolida por intensos factores de violencia doméstica, no corregida con la contundencia y oportunidad debida, por los sucesivos gobiernos, siendo este un aspecto central de la acción de la administración actual.

En medio de este panorama, lo que se puede dar por hecho, es que la sociedad nuestra, no está dispuesta a soportar otra violación de su voluntad en las urnas, así sea de carácter blando, o sin violencia, pero, carente de legitimidad.

A esta andanza conspirativa, no hay que temerle, sino, enfrentarla, se sabe que, en contra de un atentado de esta especie, contra la Constitución y la Ley, se levantarán todos los sectores democráticos de la sociedad para rechazarlo, y, en definitiva, algo así, no pasará.