Por: Edgardo Ramírez Polanía
Doctor en Derecho

En Colombia es común que alguna gente se exprese con exagerada admiración, por alguna manifestación de la farándula, o un escándalo televisivo como el presunto hurto cometido por una empleada doméstica, señora Marelbys Meza quien trabaja en la vivienda de la señora Laura Sarabia, la asistente del Presidente Gustavo Petro.

La asistente del presidente de la República, trabajó  con Armando Benedetti cuando éste era Senador de la República y de quien se dice, que el gobierno norteamericano le suspendió la visa, estando de embajador en Venezuela, y se sindica a funcionarios de la policía de haber utilizado un sistema de averiguación probatorio sin autorización superior, por lo cual, los medios de comunicación volvieron ese hecho en  un  problema de Estado y el Fiscal General, adelantó una aparatosa investigación en las instalaciones de la presidencia de la República.

Este escándalo es similar pero menos grave, al realizado en el gobierno anterior con la señora María Claudia Daza la “caya”, también asistente a quien le grabaron algunas conversaciones con alias el “Ñene Hernández”, que había colaborado con la campaña Presidencial de Iván Duque que revolucionó las comunicaciones del país.

Las exageraciones en las actuaciones e informaciones se cree que hacen bien a las democracias. Sin embargo, la desmesura de las palabras no siempre es oportuna o conveniente y es una característica colombiana como lo expresó don Juan de Castellanos en el siglo XVI, por el descase entre las ideas y las palabras. En cuatro siglos no hemos superado esta tradición y legado que hemos conservado y no hemos disminuido ni en la intensidad ni en el volumen del fenómeno. Tal vez, es la única tradición que hemos conservado sin esfuerzo, de modo natural y biológico, y que probablemente hemos enriquecido con aportes insólitos, es el de la exageración.

La ausencia de un exacto sentido crítico- no la capacidad de criticar-, que es cosa diferente, la imposibilidad de exactitud crítica es patrimonio del espíritu español que pasó vigorosamente al carácter colombiano. Lo vemos en el mulato y negro de nuestras costas marítimas y en el antioqueño esa expresión de la exageración.

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 Para el colombiano, la realidad es cosa demasiado humilde y, por lo tanto, un poco indigna de ser justipreciada, evaluada, dentro de la calidad mental que por sí misma demanda y las categorías actuales adecuada a ella. Por eso, las dimensiones que adquieren los problemas de las empleadas de servicio de los altos funcionarios que los medios televisivos los llevan a ser problemas de Estado.

Siempre en Colombia se cree equívocamente que adelantarse a hacer o decir una cosa, tiene más relevancia o ser mejor que los demás, más importante, más poderoso, de poder independiente y absoluto. De tal suerte, que la autoridad de los demás es precaria, no suntuosa, así sea de un jefe de gobierno.  

La transfiguración de la realidad que desconocen algunas autoridades del Estado, determina el desprecio inconsciente por los hechos inmediatos que ella ofrece, desdibuja los perfiles humanos y establece entre las palabras y la vida una impenetrable fantasmagórica zona de niebla que no le hace bien a la justicia ni a la sociedad. De esta manera, las categorías pierden su valor fiduciario, su capacidad de denotación y su fuerza simbólica para aplicarse a una realidad que está soportada razonablemente en la Constitución.

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Por eso, los medios televisivos y revistas de política gustan del drama, la telenovela, el escándalo, la violencia y siempre criticar aquello que creen que no conviene a sus intereses y están en todo su derecho, así no conozcan a fondo las verdaderas manifestaciones culturales que debe tener la información hacia la comunidad, porque se fundamenta en apreciaciones que no consultan estrictamente la verdad.  

Ante la avalancha de exageraciones por el caso de la doméstica Marelbys a quien culpan del hurto de unos dólares y las anteriores relaciones laborales de ésta con el ex embajador en Venezuela Armando Benedetti, han dado desmedidamente para una tragicomedia que desborda la información sobre la competencia de la Fiscalía General como ente acusador.

Debe decirse a los promotores del escándalo de la mucama, que el Gobierno está integrado por un conjunto de estructuras administrativas, que busca intereses vitales que ejercitan el presidente y sus ministros para desarrollar los intereses nacionales o cumplimiento de normas de conducta inalterables en la integridad territorial a través del cual se expresa el poder estatal, por medio del orden jurídico.

Es diferente al Estado que lo conforman las tres ramas del poder público y desde la Constitución del 91 se crearon órganos independientes en funciones como la Fiscalía General de la Nación que está integrada al Estado. El presidente de la República conforme al artículo 115 de la Constitución Nacional es el Jefe de Estado y Jefe de máximo de la autoridad administrativa y de gobierno y puede solicitarle al Fiscal General información de asuntos administrativos.

No es que el Presidente de la República sea el jefe del poder judicial, sino el jefe de Estado y de gobierno. ¿O será que los demás organismos que conforman el Estado son ruedas sueltas en el engranaje jurídico y de prestación de servicios estatales? No. Es esa la creencia de quienes lo expresan ampulosamente pero no es así.

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Esa equivocación hace que existan confrontaciones que exigen serenidad y experiencia. Qué  saludable sería para esos fines, que llegaran al gobierno destacados profesores y analistas del derecho, políticas públicas procesos de paz, destacados y experimentados consultores como Luis Fernando Rosas, y Marcelo Torres, quienes han sido defensores a ultranza de la paz y la concordia nacional, y deben incluirse dentro de las políticas de amnistía del proceso de paz por estar inhabilitados por sentencias de los carteles de la justicia para que ayuden a darle un giro pronto y radical a las políticas y programas del gobierno.

Los perjudicados injustamente por fallos amañados de la Justicia deben ser incluidos en los procesos de paz, como una necesidad inaplazable de la búsqueda de la paz integral que esperan los colombianos.