Por Felipe Ferro

*Diputado Asamblea del Tolima. Centro Democrático

La decisión del gobierno de Estados Unidos de llamar a consultas a su embajador encargado en Colombia, Francisco McNamara, marca un punto de quiebre sin precedentes en las relaciones entre ambos países.

No es una medida simbólica ni de rutina: es el reflejo de una profunda desconfianza hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, que con su retórica y decisiones erráticas ha puesto en riesgo una alianza estratégica de más de un siglo.

El detonante de esta crisis diplomática es doble. Primero, la negativa del gobierno Petro de extraditar a alias Mocho Olmedo, un cabecilla de las disidencias de las Farc, pese a que la Corte Suprema de Justicia ya había autorizado su envío a Estados Unidos. Segundo, las declaraciones del propio Petro, quien insinuó la existencia de un supuesto plan de golpe de Estado en su contra, señalando directamente a exfuncionarios del gobierno de Donald Trump. Acusar a un aliado estratégico de conspirar contra la democracia colombiana, sin pruebas, es un acto de extrema gravedad.

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En respuesta, Estados Unidos retiró temporalmente a su embajador, y Petro, lejos de rectificar, escaló la crisis al anunciar la llamada a consultas del embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña. Una actitud que no solo agrava el conflicto, sino que demuestra una peligrosa falta de responsabilidad y madurez diplomática.

Las consecuencias ya son palpables. Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia: en 2024, el comercio bilateral superó los 37.000 millones de dólares. Cualquier deterioro en esta relación impactará directamente el empleo, la inversión y las exportaciones colombianas.

Además, la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico también está en riesgo. Veinticinco helicópteros de asalto utilizados por la Policía Antinarcóticos podrían quedar fuera de operación, ya que su mantenimiento depende del apoyo estadounidense. Lo mismo ocurriría con el suministro de imágenes satelitales en tiempo real, esenciales para operaciones de inteligencia y captura.

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Por si fuera poco, se ha iniciado el retiro de visas a funcionarios del gobierno Petro, especialmente a quienes tuvieron pasado en grupos armados ilegales como el M-19. Esto refleja el malestar creciente en Washington con el rumbo ideológico del actual gobierno y su desprecio por los canales diplomáticos tradicionales.

Colombia no puede darse el lujo de aislarse ni de romper relaciones con un aliado como Estados Unidos por cuenta de discursos incendiarios o cálculos políticos internos. Las implicaciones de esta crisis pueden ser profundas y de largo plazo, tanto en lo económico como en lo institucional. Petro ha decidido tensar la cuerda hasta el límite, sin medir las consecuencias para el país.

La diplomacia no se ejerce a través de redes sociales ni con teorías de conspiración. Se ejerce con responsabilidad, con hechos y con visión de Estado. Hoy, lamentablemente, lo que vemos es todo lo contrario. Y quienes pagarán el precio serán los colombianos.