Por Martha Alfonso
*Candidata a la Cámara por el departamento del Tolima

Enero comenzó con el agua en el cuello para los habitantes del El Espinal, el segundo más importante del Tolima después de Ibagué. Las inundaciones que se presentaron en varias zonas de este municipio llenaron de indignación, con justa razón, a sus habitantes, porque esta situación es consecuencia de la inexistencia de El Colector Norte, una obra que lleva años enredada entre la negligencia de las autoridades, la falta de planeación y de voluntad política de quienes han gobernado al municipio y al departamento, y que ahora quieren venderse como “salvadores”, a pesar de haber hecho parte del problema.

Desde hace más de una década, distintos gobiernos locales han anunciado el Colector Norte de Alcantarillado Sanitario como un “hecho”, como una obra inminente que resolvería definitivamente los problemas de vertimientos, rebosamientos y contaminación.

Ha sido titular de prensa, discurso de plaza pública y compromiso de campaña reiterado (hasta de campaña presidencial). Sin embargo, catorce años después, el colector sigue siendo una deuda y no una realidad. Apenas ahora y producto de las quejas de la ciudadanía por las inundaciones de comienzo de año, el alcalde de El Espinal “reactivó” las mesas de trabajo con las autoridades ambientales para destrabar el proyecto.

Por su parte, el jefe político del conservatismo, el senador Óscar Barreto, publicó en sus redes que “ahora sí” el colector será una realidad. Difícil creerles a quienes son los responsables de que este importante proyecto no haya avanzado como para convertirse en una solución definitiva a las inundaciones que se presentan en temporada de invierno.

Es importante que la gente conozca que el proyecto más reciente, con un valor cercano a $15.943 millones, terminó nuevamente devuelto en el año 2024. Y no por falta de voluntad del Gobierno Nacional, ni por ausencia de instrumentos legales o financieros, sino por una causa tan simple como alarmante: no cumplía los requisitos mínimos para ser viable.

La respuesta oficial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es clara. El 20 de junio de 2024 se socializaron observaciones técnicas fundamentales: el proyecto no contaba con permisos ambientales de ocupación de cauce ni con permisos viales. A pesar de ello, no se realizaron los ajustes. Peor aún, el 28 de agosto de 2024, el propio municipio informó que no tenía consultorías ni interventorías activas para corregir las falencias. El resultado fue la devolución formal del proyecto el 1 de diciembre de 2024, sin recursos asignados y sin cronograma alguno.

La ley también es clara. La responsabilidad primaria de garantizar el saneamiento básico es de los municipios, con acompañamiento de los departamentos y apoyo de la Nación. Como congresista, resulta inaceptable que un proyecto prometido desde 2012 siga siendo utilizado como bandera electoral sin resultados concretos. El alcantarillado no puede seguir siendo un anuncio reciclado cada cuatro años. Cada devolución es tiempo perdido, recursos desaprovechados y una nueva frustración para la ciudadanía.

El control político no es retórico: es una exigencia de seriedad. El saneamiento básico no admite más promesas vacías. Admitir catorce años de incumplimientos debería llevar, como mínimo, a una reflexión profunda sobre cómo se gobierna y para quién se gobierna. Porque los derechos no se garantizan con titulares, se garantizan con proyectos bien hechos y obras ejecutadas.

Este no es un hecho aislado. Es el reflejo de un patrón que se repite elección tras elección: prometer obras sin estudios completos, anunciar proyectos sin licencias y trasladar responsabilidades cuando la improvisación queda en evidencia. Mientras tanto, las comunidades y la ciudanía en general siguen expuestas a problemas sanitarios, ambientales y de dignidad básica.

El grupo político que gobierna El Espinal, y que responde al equipo político del Barretismo, no soluciona los problemas, sino que los administra cada cierto tiempo, precisamente en el momento en que se van a desarrollar elecciones. Eso explica por qué, a pesar de que el alcalde del municipio lleva dos años en el cargo, solo hasta ahora y por cuenta de la indignación de la gente, retomó las mesas de trabajo con distintas entidades para destrabar el proyecto que está en el limbo gracias a la negligencia y falta de planeación de su propia administración.

Esta es la realidad que debemos cambiar, porque no se puede seguir premiando a quienes por cálculo electoral aplazan la solución a los problemas urgentes de los espinalunos.