Por: Edgardo Ramírez Polonia

La aplicación del derecho a la conducta humana no es tan simple como algunos creen. Los togados curiosos buscan solamente los “hechos” y para ellos el derecho no es más que la aplicación de unas normas contenidas en los códigos que la sociedad desconoce pero exige su cumplimiento. Los jueces quieren evaluar la conducta humana tal como es, más que como parece ser por los prejuicios que existen en tomar decisiones que consideran justas. Las ciencias jurídicas son algo más que una mera descripción de acontecimientos previstos en las normas. Son una manera de descubrir y predecir del presente y del pasado, las razones de los comportamientos sociales, para determinar que hacen y que deben hacer los estudiosos del derecho, para que el hombre que es la justificación del Estado sea objeto de garantías, como en el caso de la amnistía, que concedió el general Gustavo Rojas Pinilla, en 1953 a pájaros o sicarios, bandoleros y guerrilleros  que condujo a una paz total y al desarrollo nacional que no había hecho ninguno de sus antecesores y que las oligarquías de los partidos lo consideraron inconveniente a sus intereses.

Actualmente existe un movimiento nacional que busca la amnistía para determinados delitos, por sentencias aplicadas sin los elementos de juicio suficientes por los altas Cortes, en la época en que se cometieron aberrantes injusticias por el Cartel de la Toga, que puso al poder judicial colombiano en la picota pública de descrédito e incredulidad.

La Constituyente de 1991 consideró como “muerte política” las sentencias aplicadas a los políticos, sin  tener en cuenta aquellas que se han considerado injustas por la carencia de pruebas, cuando quiera que la anterior Constitución decía, que en Colombia “No habrían penas irredimibles”.

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El Gobierno del Presidente Gustavo Petro, se encuentra en el mismo propósito para aquellas personas que conformaron la denominada primera línea, debido a que esta protesta era de carácter político y los delitos como la asonada tiene otra denominación y tipicidad penal. Sin embargo, existe la pregunta, si podría cobijar ese beneficio a quienes cometieron delitos comunes por cuanto la Constitución consagra este beneficio sólo para los delitos políticos y los comunes que tengan conexidad.   En uno y otro caso, es conveniente llegar acuerdos de una amnistía, para una paz total, endureciendo al doble las penas sin excarcelación  para los reincidentes y eso no se logra en el Congreso sino mediante una Constituyente.

Para la paz total, se deben hacer esfuerzos y concesiones para aceptarla, bajo algunas condiciones, con el fin de salir del laberinto de dificultades que han sido la madre de las inequidades , violencia, narcotráfico corrupción y demás delitos, que requieren un manejo no a sangre y fuego, sino mediante el dialogo, como la mejor forma de lograr una paz, que nos lleve a reconocernos como iguales en los derechos, y que las minorías no deban dormir bajo los puentes para que la igualdad no sea una quimera. Como lo dice Tocqueville, mientras en las monarquías las desigualdades eran expuestas y se ostentaban con orgullo, en las democracias son una realidad que se niega, pero, se hace con disimulo torpe e ignorante, de quien anda en un vehículo de alto costo y cree ser superior al científico  o maestro que anda a pie mirando las extravagancias del mundo.

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Una sociedad que no se conforma con una igualdad ante la ley y los derechos sociales, debe buscar criterios sustantivos de una justicia que corresponda a la realidad, para que desaparezcan los vicios del clientelismo, la violencia, la politización de la justicia, la corrupción en todas sus formas y que exista un equilibrio entre las personas y sus actos hacia una amnistía, un perdón  y si se quiere un olvido si queremos una paz total entre los colombianos.