La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia definió que los trabajados en condición de discapacidad solo podrán ser despedidos cuando su empleador demuestre con justa causa probada las razones del despido, o cuando se demuestre que su situación imposibilita la continuación del contrato laboral.

La Oficina de Trabajo deberá verificar que el empleador realizó los ajustes necesarios para preservar en el empleo al trabajador antes que optar por despedirlo. Estos ajustes implicarían su rehabilitación funcional y profesional y la posible readaptación de su puesto de trabajo.

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Así mismo se precisó que, aunque desde el año 1997 el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio por su condición, siempre que el empleador demuestre razones justas el despido será legal.

Desde el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 el despido de un trabajador en condición de discapacidad estaba supeditado a la sospecha de ser asociado a su discapacidad y por ello discriminatorio. En el ámbito jurídico se conoce como “presunción de discapacidad”.

Esta “presunción de discriminación” en casos de discapacidad permitía interpretar que en los casos de despido a personas en esta condición se materializaba un inicio de discriminación, por lo cual iría en contravía de la ley.

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Luego de precisión de la Corte Suprema, el empleador debe demostrar que primero buscó solucionar los problemas del empleado antes que buscar su salida.

Así se busca crear mecanismo que protejan a las personas que se encuentran en condición de discapacidad, para que en sus espacios de trabajo puedan gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales.