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Impuestos a las iglesias reabren debate en el Congreso por reforma tributaria
La propuesta excluye los diezmos y las ofrendas destinadas al culto.
La discusión sobre los impuestos a las iglesias volvió al Congreso en medio del trámite de la reforma tributaria del Gobierno de Abelardo De la Espriella. El representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, presentó una proposición para que las organizaciones religiosas tributen por los ingresos que reciben de actividades comerciales y con ánimo de lucro.
La iniciativa contempla negocios como hoteles, parqueaderos, librerías, arrendamientos de inmuebles, teatros y auditorios. Sin embargo, excluye los diezmos, las ofrendas, las donaciones destinadas al culto y las actividades pastorales.
“Esto no es contra la fe ni la religión, yo soy creyente, pero tienen que poner un poquito en medio de una necesidad del país. Eso se llama solidaridad, que lo enseña la religión”, afirmó Toro, quien considera que los negocios de las iglesias deben tener las mismas obligaciones tributarias que otras actividades comerciales.
El congresista señaló que, para 2021, las iglesias reportaron ingresos por 5,8 billones de pesos y un patrimonio de 16,8 billones. También sostuvo que propuestas similares no han prosperado en anteriores reformas por la oposición y el lobby de algunas iglesias y megaiglesias cristianas.
La postura contraria la expuso el senador liberal Santiago Montoya, cercano a la Asociación de Ministros Evangélicos de Medellín (AMEM), quien defendió la labor social de las congregaciones y advirtió que nuevos impuestos podrían limitar su trabajo en las comunidades.
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“Nadie ha tomado el trabajo de cuantificar o de valorar el aporte social que hacen todas las denominaciones en los diferentes territorios”, manifestó Montoya, al mencionar actividades relacionadas con salud mental, violencia intrafamiliar y prevención del consumo de drogas y alcohol. Además, anticipó oposición a la propuesta: “Nosotros vamos a hacer un muro de contención”.
Una discusión que no es nueva
El 17 de noviembre, Toro insistió en su planteamiento a través de X con el mensaje: “Si hacen política y financian campañas, pues que también paguen impuestos”. También anunció que su primera proposición a la reforma estaría enfocada en gravar las actividades comerciales de las iglesias.
La discusión tiene antecedentes: en 2022, una propuesta de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro planteó un impuesto del 20% a actividades religiosas ajenas al culto, pero no prosperó. En septiembre de 2025 también se presentó una iniciativa para gravar los ingresos provenientes de actividades mercantiles.
Actualmente, el artículo 23 del Estatuto Tributario establece que las iglesias y confesiones religiosas reconocidas no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, aunque deben cumplir obligaciones de información y están sujetas a fiscalización. Según cifras del Ministerio del Interior, en Colombia existen más de 8.000 iglesias y 5.500 entidades religiosas.
La nueva proposición se suma a las discusiones de la Ley de Rescate, correspondiente a los proyectos 477 de 2026 en la Cámara y 328 de 2026 en el Senado, que todavía está pendiente de reparto y primer debate en las comisiones económicas.
El trámite también enfrenta reparos por otros temas, como el IVA al internet para los estratos 1, 2 y 3, los impuestos a los licores, la medicina prepagada y el aumento de la cotización a salud. En ese contexto, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, expresó: “No cuenten conmigo para más impuestos a la clase media”.
Los ponentes deberán estudiar las modificaciones propuestas por el Gobierno y las bancadas. Entre ellos está la senadora Sara Castellanos, integrante de la ponencia en la Comisión Tercera del Senado por Salvación Nacional. Por ahora, el debate sobre las iglesias enfrenta dos posiciones: la equidad tributaria para sus negocios comerciales y la defensa del aporte social que realizan las congregaciones.
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