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Corte Constitucional elimina restricción de tiempo para encuestas de intención de voto

Corte Constitucional elimina restricción de tiempo para encuestas de intención de voto

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Mediante la Sentencia C-168 de 2026, la Corte Constitucional tomó dos decisiones sobre la regulación de los estudios electorales en el país. En primer lugar, eliminó el límite de tiempo que impedía realizar mediciones de intención de voto antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidatos. En segundo lugar, anuló la obligación que tenían las firmas encuestadoras de entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los números telefónicos de las personas consultadas y el método exacto para ubicar los hogares seleccionados.

Al analizar la restricción temporal, el tribunal determinó que prohibir estos estudios durante gran parte de la etapa previa a las elecciones afectaba el derecho ciudadano a recibir información. La sala explicó que impedir la divulgación de las preferencias políticas generaba un espacio sin datos verificados, lo cual podía facilitar la difusión de rumores o cifras sin respaldo metodológico. De acuerdo con el fallo, las limitaciones a estas publicaciones solo tienen sustento en los días previos a la jornada de votación, momento en que los electores requieren espacios de reflexión sin la influencia de los sondeos.

Frente a los posibles efectos que estos estudios generan en la opinión pública, la corporación señaló que la solución no consiste en restringir su publicación, por el contrario, los magistrados indicaron que el debate democrático se fortalece cuando los ciudadanos cuentan con más datos disponibles, variedad de fuentes y estudios elaborados con rigor en la recolección de las muestras. De esta manera, el tribunal dejó sin efecto la veda que operaba en la fase inicial de las campañas políticas.

Respecto a la entrega de los datos de contacto de los participantes, la Corte concluyó que exigir los números telefónicos vulneraba la intimidad de los ciudadanos y su derecho al control sobre su información personal. Aunque el fallo ratificó que el Consejo Nacional Electoral mantiene la función de vigilar la transparencia de las mediciones, precisó que la entidad no necesita identificar a los encuestados para auditar los resultados. El tribunal recordó que la postura política es un dato reservado y que la garantía de anonimato desaparecía si el organismo conocía la identidad de quienes respondían.

La sentencia estableció que los datos personales de los consultados no son necesarios para comprobar la veracidad de una encuesta. Por esta razón, el Consejo Nacional Electoral deberá realizar sus tareas de inspección utilizando información anónima y los soportes técnicos que las empresas ya entregan por ley. En consecuencia, siguen vigentes las facultades de control de la autoridad electoral y la obligación de las firmas de entregar el sistema empleado para procesar las cifras y calcular los resultados finales.

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