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Buscan cortar las comunicaciones criminales desde las cárceles

Buscan cortar las comunicaciones criminales desde las cárceles

Gobierno busca bloquear las señales ilegales en las cárceles.

El uso de antenas satelitales, teléfonos celulares y tarjetas SIM dentro de las cárceles volvió a poner bajo la lupa los controles a las comunicaciones en los centros de reclusión del país. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Starlink Colombia y varios operadores móviles por el presunto incumplimiento de las medidas que deben impedir estas conexiones.

La actuación contra Starlink se originó luego de que, durante un operativo en la cárcel La Picota, en Bogotá, fueran encontradas seis antenas de esta compañía, además de cientos de dispositivos electrónicos no autorizados. Posteriormente, verificaciones técnicas del Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones identificaron conexiones WiFi suministradas por la empresa en cuatro establecimientos penitenciarios: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.

El Ministerio también abrió procesos contra Partners Telecom Colombia, Colombia Telecomunicaciones, COMCEL y la Unión Temporal Colombia Móvil-Colombia Telecomunicaciones (TIGO), por el posible incumplimiento de las obligaciones de eliminación o restricción de señales móviles en La Picota.

La dimensión del problema quedó reflejada en los elementos encontrados durante los operativos en ese establecimiento: 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, entre otros equipos. Para el Gobierno, estos dispositivos representan un riesgo porque pueden facilitar la coordinación de extorsiones y otras actividades delictivas desde prisión.

La obligación de los proveedores de telecomunicaciones está contemplada en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, incorporado mediante la Ley 1709 de 2014. La norma establece el deber de atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

De comprobarse las faltas, las empresas investigadas podrían enfrentar sanciones que incluyen multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión temporal de operaciones e incluso la cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según corresponda. MinTIC precisó que las actuaciones respetarán el debido proceso y el derecho a la defensa de las compañías.

El mensaje del presidente

La decisión se conoce después de que el presidente Abelardo De la Espriella se pronunciara sobre el tema en su cuenta de X. El mandatario aseguró que impartió instrucciones para utilizar herramientas legales y tecnológicas que impidan a los delincuentes continuar operando desde las cárceles.

“¡Se acabó el recreo!”, escribió, al pedir que se desactiven las tarjetas SIM utilizadas ilegalmente desde los establecimientos penitenciarios y se restrinjan las conexiones satelitales no autorizadas. También señaló que la responsabilidad debe ser compartida entre los operadores, MinTIC, el INPEC, el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública, y advirtió que quienes incumplan sus obligaciones deberán responder ante la ley.

El presidente insistió en que las cárceles deben estar destinadas al cumplimiento de las condenas y no a la coordinación de actividades criminales. Por su parte, el Ministerio anunció que mantendrá la vigilancia sobre las empresas de telecomunicaciones para establecer si cumplieron las obligaciones que les exige la legislación colombiana.

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