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Frenan en el Senado proyecto que buscaba cerrar la JEP en 2028

Frenan en el Senado proyecto que buscaba cerrar la JEP en 2028

Imagen de referencia. Senador Enrique Gómez, ponente del proyecto que pretendía el cierre de la JEP.

La salida de los congresistas de los partidos Alianza Verde y Pacto Histórico del recinto de la plenaria del Senado provocó el archivo de la reforma constitucional que buscaba terminar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028. El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, respaldó esta maniobra parlamentaria al señalar que la disolución del quórum ocurrida el día de ayer miércoles 18 de noviembre, impidió el cierre anticipado de este sistema de justicia. Según explicó el congresista de oposición, el objetivo principal de abandonar la sesión consistió en asegurar la continuidad de los procesos judiciales vigentes y permitir que el país conozca la verdad sobre los financiadores de grupos armados ilegales.

De manera adicional al retiro del recinto, el senador Ariel Ávila presentó una recusación formal contra el senador del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien actuaba como autor y ponente de la iniciativa legislativa. El legislador de la Alianza Verde argumentó que el promotor de la reforma constitucional debía ser apartado del trámite debido a un presunto interés familiar directo dentro de uno de los expedientes que adelanta actualmente el tribunal. Con la falta de quórum y el vencimiento de los plazos reglamentarios establecidos para el 16 de diciembre, el proyecto no alcanzó a completar su primera vuelta ni logró avanzar hacia la Cámara de Representantes.

Por su parte, el senador Enrique Gómez cuestionó la decisión de los sectores de oposición de abandonar el debate en la plenaria del Senado de la República. El congresista de Salvación Nacional, cuya postura coincide con los planteamientos del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella frente a la justicia transicional, aseguró que el bloque opositor evitó discutir la continuidad de la entidad creada tras el Acuerdo de Paz de 2016. Asimismo, Gómez reiteró que el tribunal representa una estructura burocrática con un costo elevado para el Estado, al tiempo que señaló que la institución no ofrece garantías procesales a la fuerza pública ni cumple con los objetivos de reparación para las víctimas.

La discusión en el Legislativo coincidió con las alertas emitidas por la propia Jurisdicción Especial para la Paz sobre los efectos de establecer una fecha de cierre definitiva sin concluir las investigaciones y sanciones en curso. La entidad judicial advirtió que recortar su periodo de funcionamiento afectaría el acceso de las víctimas a la justicia y a la reparación. Estas observaciones se presentaron tras la llegada del magistrado tolimense Danilo Rojas a la presidencia del tribunal, quien asumió el cargo en medio de una reducción de recursos en el Presupuesto Nacional de 2027, situación que lo llevó a anunciar medidas administrativas para ahorrar cerca de 26.000 millones de pesos anuales.

Antes de llegar a la instancia de plenaria donde finalmente se archivó, la iniciativa de reforma constitucional había superado su primer debate en comisión gracias al respaldo de parlamentarios de diferentes colectividades. Entre los congresistas que votaron a favor del texto inicial figuraron los senadores Hernán Cadavid y María Clara Posada, del Centro Democrático; Juan Carlos García y Santiago Barreto, del Partido Conservador; y José Nicolás Gómez, de Cambio Radical. A este grupo de apoyo también se sumaron los senadores Alfredo Deluque, del Partido de la U; Héctor Olimpo Espinosa, del Partido Liberal; JotaPe Hernández, de la Alianza Verde; y Manuel Virgüez, del movimiento Mira.

Durante esa etapa inicial de discusión en comisión, los legisladores incorporaron cambios en el articulado original antes de enviarlo a la plenaria del Senado. Una de las modificaciones aprobadas determinaba que las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones de los magistrados de la JEP pasaran a ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, los parlamentarios aprobaron eliminar una sala de cumplimiento cuya vigencia podía extenderse hasta por veinte años después del cierre del tribunal.

Tras confirmarse el archivo del proyecto por vencimiento de términos en la actual legislatura, el senador Enrique Gómez anunció que volverá a radicar la iniciativa en el Congreso de la República durante el periodo legislativo de 2027. De forma paralela a su intención de fijar una fecha límite para el funcionamiento del tribunal de paz, el congresista de Salvación Nacional mantiene su propuesta de recortar en 100.000 millones de pesos el presupuesto asignado a esta entidad. De este modo, el debate político en torno al alcance, la duración y la financiación de la justicia transicional continuará en la agenda parlamentaria del próximo año.


 

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