Por: Valentina Camacho Montealegre

El vocero del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Renzo García, se pronunció luego de que el Gobernador del Tolima enviara al Tribunal Administrativo del Tolima el acuerdo que prohibió la explotación minera de metales y minerales a mediana y gran escala en el municipio de Ibagué y calificó ese hecho como una traición a los ibaguereños.

¿Qué opina de la objeción que presentó del Gobernador contra el acuerdo municipal que prohíbe la minería de metálicos?

Esperaba que Oscar Barreto mantuviera una postura de respaldo a la lucha ambiental de los tolimenses. Él, en el pasado, defendió la Colosa, hay una entrevista en un medio de comunicación que ratifica el asunto, sin embargo, pensamos podía corregir sus equivocaciones. Lamentablemente eso no sucedió. Vemos como la decisión del gobernador Barreto se acomoda en una postura de genuflexión ante el gobierno de Juan Manuel Santos y mantiene una defensa de los intereses de la Anglogold Ashanti y demás empresas mineras contaminantes. Una traición a los ibaguereños.

El Gobernador dice que el acuerdo se extralimita en sus funciones y referencia los artículos 80 y 332 de la Constitución Política, ¿qué puede decir al respecto?

El cinismo y desconocimiento de la constitución política por parte del Gobernador es colosal. Desconoce, por ejemplo, que el Artículo 80 dice claramente que el Estado es responsable de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con el objeto de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración, pero ante todo para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, es decir, es un artículo que promueve la protección del patrimonio ecológico y derecho colectivo al ambiente sano, justamente referenciado en el artículo anterior, el numeral 79.

En artículo 332  se determina que el Estado es el propietario del subsuelo, ¿el Estado es solamente el gobierno nacional, los ministerios, las agencias nacionales?

Pienso que en ello también hay un atraso en la lectura por parte del gobernador en el sentido que la misma corte constitucional ha determinado que los municipios y los concejos municipales son parte del núcleo esencial del estado, es decir, no se puede apelar a ese artículo el acuerdo contra la minería contaminante que aprobó el concejo municipal de Ibagué, sobre todo porque no podemos seguir pensando que el estado es solamente el gobierno nacional. Esa es una mentalidad colonial y centralista que debemos superar.

El gobernador olvida también que el artículo 313, los numerales 7 y 9 les dan competencias a los concejos municipales para el ordenamiento del uso del suelo y la protección del patrimonio ecológico y cultural. Es decir, no hay ninguna extralimitación de funciones, el acuerdo tiene un soporte de carácter constitucional. El señor Barreto olvida que la soberanía popular también tiene rango constitucional y que los tolimenses no vamos a aceptar su dictadura minera.

Tenemos que aprender que todos y todas somos titulares de derechos, tenemos derecho al ambiente sano, a la vida y salud, al agua, a la participación ciudadana y a vivir en un estado social de derecho y no en una dictadura minera.

El Gobernador dice que el acuerdo afecta el patrimonio jurídico de la Nación, ¿qué piensa sobre este postulado?

Para no perder el hilo de la pregunta anterior, es clave puntualizar que el gobernador engaña la ciudadanía y le falta leer de primera mano lo que dicen los artículos 80 y 332. Ahora, cuando el gobernador minero dice que “al prohibir la actividad minera se estaría afectando el patrimonio jurídico de la Nación toda vez que los recursos que se obtienen de la explotación minera se financia el Sistema Nacional de Regalías”, evidencia que sólo le importan los pírricos recursos que pueden llegar por regalías y desconoce el derecho sagrado de las comunidades a defender el agua, la vida y la vocación productiva propia de su territorio.

Hay que recordarle a Barreto que la Guajira y el Cesar son departamentos que tienen los principales proyectos de minería de carbón de Colombia y de toda América Latina, pese a ello, son territorios en donde lo único que crece es la miseria, desnutrición, violencia y división de la comunidad. Eso es justamente lo que no queremos para nuestro departamento y por ello promovemos la necesidad de fortalecer la producción agroalimentaria, la implementación y el apoyo al turismo rural y el área de servicios. El Tolima queda en pleno corazón de Colombia y esa ventaja espacial se aprovecha muy poco justamente por la falta de gestión y capacidad de nuestros gobernantes.

Insistiremos en que el movimiento ambiental tolimense no va a aceptar el modelo de desarrollo minero que quiere imponer el gobierno nacional con la anuencia y servilismo del gobierno departamental. Esto no es un capricho, es el sentir, querer y pensar de cientos de miles de ciudadanos. 

El Gobernador olvida que este es un proceso de más de 10 años de debates, audiencias, foros, talleres, movilizaciones pacíficas, acciones democráticas y constitucionales que han servido de ejemplo a nivel nacional para impulsar otros procesos de defensa territorial.

¿Usted cree que el gobernador rechazó el acuerdo por ser una propuesta que ayudo a implementar el alcalde de Ibagué?

El acuerdo fue elaborado por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida con el apoyo del abogado,experto en derecho ambiental Rodrigo Negrete Montesy se presentó el 2 de junio, en el marco de la IX Marcha Carnaval, ese día el Alcalde y un grupo de concejales se comprometieron públicamente a apoyar la iniciativa y justamente eso fue ratificado por la alcaldía y aprobado por el concejo municipal.

Es de resaltar que hasta los concejales en oposición a la administración municipal aprobaron el acuerdo, el apoyo fue unánime. Se pudo  demostrar que en éstas causas de bien común y defensa de derechos colectivos podemos juntarnos sin importar las diferencias políticas con el objeto de constituir una gran alianza social y política que fortalezca la defensa del agua, la vida, el territorio y el derecho colectivo al ambiente sano de las presentes y futuras generaciones. Lamentablemente para el Tolima, el gobernador prioriza los revanchismos, la mezquindad y el cálculo políticos personales, por encima de los intereses generales. 

No podemos perder de vista que con el acuerdo que prohíbe la minería contaminante, no toda la minería, gana la defensa del derecho colectivo al ambiente sano, la vocación agropecuaria y turística del territorio, la vida, la cultura agroalimentaria, los derechos de nuestros campesinos, la posibilidad de reavivar la esperanza y dignidad de los tolimenses.

¿Cómo responderá el movimiento ambiental a la decisión del gobernador?

Nosotros seguiremos dando la lucha social, académica, jurídica y política por la defensa de nuestros territorios y el derecho colectivo al ambiente sano. Algunos miembros del Comité Ambiental habían planteado alternativas de solución sí ésto se presentaba, ellos incluso manifestaban que el corazón minero de Barreto no iba a cambiar y es justamente esa pluralidad de pensamiento la que ha permitido construir una alianza con muchos expertos nacionales y académicos internacionales que van a ayudar a defender el acuerdo de Ibagué que prohíbe la minería contaminante.

Usted ha denunciado constantemente preocupación por el tema de la minero política, ¿a qué se refiere con eso? y ¿qué cree deben hacer las comunidades para evitar la captura corporativa?

Es importante que la ciudadanía, e incluso nosotros mismos, comprendamos que la minero-política todavía sigue presente en el Tolima, ya lo estamos viendo en cabeza del primer mandatario y con algunos congresistas que aunque han firmado pactos públicos con el movimiento ambiental, por debajo de la mesa hacen negocios y reciben recursos de sectores pro mineros. La minero-política es básicamente el ejercicio de captura corporativa que implementan las empresas vía financiación de las campañas políticas.

Es lamentable que estos gobernantes defiendan a ultranza el extractivismo y traten de imponer un modelo de desarrollo ajeno a la vocación productiva de los territorios, la cultura local y el querer de las gentes. Es inaceptable que mientras el país promueve diálogos de Paz al mismo tiempo se impongan nuevas violencias y se imposibilite el derecho fundamental de la participación ciudadana de las comunidades.

Esperamos que la fuerza del movimiento social siga creciendo y sea capaz de derrotar la codicia y la dictadura minera que se impone desde la presidencia y las empresas minero-energéticas.

Foto: Orlan Davis Vargas