Los casos de acoso sexual a varias estudiantes de la Universidad del Tolima por parte de algunos profesores, no son hechos aislados sino que al parecer, obedecen a una política sistemática que desde hace algunos años viene operando en el principal centro de enseñanza superior del Tolima.

Y todo, debido a la laxitud, negligencia y silencio sospechoso con que las directivas universitarias han tratado estos gravísimos hechos que rayan con el código penal y la dignidad humana.

Eso de que algunos docentes acudan al chantaje sexual a sus alumnas para otórgales mejores calificaciones es una conducta que, además de  aberrante, es delictuosa, baja e infame.

Pero lo peor de esta situación, es que al parecer obedece a una práctica que se sostiene desde hace algunos años, pese a las numerosas denuncias que han presentado las víctimas ante las directivas y órganos competentes de la UT, y nunca se han tomado medidas correctivas ni disciplinarias contra los acusados ni para prevenir, mucho menos para acabar con esta repugnante práctica.

Según el informe especial que acaba de revelar El Cronista.co  (miércoles 08 de julio), sobre el tema y bajo el titulo: "Acoso sexual en la U", se presentan pruebas palmarias e irrefutables que comprometen a docentes en casos de acoso sexual a sus alumnas, y las tales investigaciones que realiza la Oficina de Control Interno y Disciplinario de la UT , concluyen en la rotación o cambio de cargo del profesor sindicado y no pasa más nada.

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Es decir, son sanciones parecidas a las del cuento pastuso donde el marido cachudo simplemente cambia de mueble para que su mujer no le vuelva a ser infiel, o a la de aquellos curas pederastas que el obispo cambia de parroquia para que continúen haciendo lo mismo.

Esta es una política complaciente, casi cómplice de las directivas universitarias con los docentes abusadores, que en lugar de solucionar fomenta estas conductas violatorias de derechos humanos y dignidad de las estudiantes víctimas. Aquí se necesitan medidas disciplinarias más rigurosas y drásticas, que incluyan a la Fiscalía y hasta psicólogos y médicos que traten a los aberrados sexuales.

No se puede seguir de complacientes con una actividad censurable desde todo punto de vista, y deben caer los responsables de estas acciones ilícitas, así estos tengan títulos, pergaminos y reconocimientos que la universidad pueda utilizar como ranking. Estos no pueden servir de Patente de Corso para que los acosadores gocen de privilegios y libertades para cometer sus fechorías y que no pase nada.

Esa política laxa, de esguinces y complicidad de las directivas universitarias con los acosadores sexuales debe terminar. No hay lugar para que este terrible flagelo siga en la impunidad y todos contentos. Se necesitan medidas serias y ejemplarizantes que corten este mal de raíz.

Ante tan grave situación, y la débil actitud de quienes deben ponerle fin a estos hechos bochornosos, es indispensable que el gobierno departamental tome cartas en este asunto, no importa que algunos aleguen independencia y autonomía universitaria.

Creemos que la intervención del gobernador Ricardo Orozco, como presidente del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, es necesaria y oportuna en este caso. Sabemos de su diligencia y ecuanimidad para solucionar este problema, en la seguridad que los profesores responsables de los acosos sexuales recibirán el castigo que merecen.

A los docentes maníacos sexuales de la UT hay que ponerlos en el lugar adecuado.