Por: Martha Alfonso Jurado

*Representante a la Cámara por el Tolima

En un nuevo episodio de hostilidad, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cruzó una línea impensable al acusar al presidente Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico” y de tolerar la siembra y producción de cultivos ilícitos. Trump no solo expresó una calumnia infame, sino que ejecutó una afrenta premeditada contra la dignidad del cargo que ostenta el Presidente de la República de Colombia.

Sus palabras, cargadas de arrogancia autoritaria, y su anuncio de poner fin a las “ayudas y subsidios” bajo el ultimátum “Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de una forma amable”, -en referencia a las zonas de existencia de cultivos ilícitos- constituyen una intromisión y una amenaza inaceptable a la soberanía del país.

 Recordemos que, estas declaraciones se dan en un contexto de escalamiento de una política de intervención militar en la región, con epicentro en Venezuela. Como país limítrofe y principal aliado regional de Washington en décadas, Colombia queda inevitablemente envuelta en esta espiral de tensiones.

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Cualquier acción militar en la frontera tendría impactos humanitarios, de seguridad y de estabilidad política directos sobre nuestro territorio, arrastrándonos a una crisis regional de consecuencias no previsibles, e incluso, ya Human Right Watch asegura que los recientes bombardeos a lanchas en el Pacífico fronterizo de nuestras naciones, so ejecuciones extrajudiciales y una grave violación al DIH. 

Ahora bien, es una ironía histórica que estas acusaciones provengan del líder de la nación que alberga el mercado de consumo de cocaína más grande del mundo, con el 28% del total de consumidores en el planeta según el más reciente informe de Naciones Unidas Contra Las Drogas.

Esta no es una estadística más; es la evidencia del fracaso de su propio modelo de combate a esta problemática. Mientras Trump actúa como juez, Colombia ha entregado millones de víctimas en esta lucha, entre muertos, mutilados y desplazados; además de un territorio y ambiente destruido por toneladas de glifosato. Y a su vez, sin ningún reparo internacional, la cadena de suministro armamentista hacia el sur, nunca se ha puesto en discusión, armas que evidentemente terminan nutriendo a grupos de narcotráfico.

A pesar de lo anterior, el presidente de Estados Unidos, de manera arbitraria, descertificó a Colombia respecto a la lucha contra las drogas. Y digo que es arbitraria, toda vez que, como lo reconoció la ONU, hubo un error de medición que ha distorsionado la percepción sobre la producción de cocaína en Colombia, pues entre 2020 y 2022 no se realizaron pruebas de cosecha ni encuestas rurales en la región del Pacífico, manteniendo un rendimiento nacional constante y artificial de 6,4 toneladas de hoja de coca por hectárea.

Esta métrica desactualizada daba la engañosa impresión de una producción controlada, cuando realmente en ese periodo, no hubo una medición, razón que hace parecer la escandalosa cifra de 8,5 toneladas por hectárea en 2023, como una cifra disparada, cuando realmente lo que sucedió es que en los años anteriores no se había medido el crecimiento que, estoy segura, se disparó fue en el gobierno de Duque, no en el de Petro que ha controlado el crecimiento y atacado el tráfico, logrando incautaciones históricas (800 toneladas en 2024 y 600 toneladas incautadas a septiembre de 2025), lo que demuestra que ha habido un sesgo ideológico a la hora de evaluar el desempeño de lucha contra las drogas del Gobierno colombiano.

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Ante la gravedad de lo mencionado en esta columna, el llamado más urgente es al restablecimiento inmediato de los canales diplomáticos formales y al ejercicio de una diplomacia serena pero inquebrantable en la defensa de nuestros principios. La complejidad de la relación bilateral con Estados Unidos, entrelazada por décadas de cooperación en múltiples frentes, exige un manejo adecuado; sin embargo, este llamado al diálogo no puede realizarse con ingenuidad alguna, especialmente cuando se confronta con el talante agresivo y notoriamente autoritario de la administración Trump.

Colombia debe actuar desde la solidez de sus instituciones y el derecho internacional, manteniendo una posición firme que deje claro que no habrá espacio para imposiciones unilaterales ni transgresiones a la soberanía de nuestro país. 

En este contexto crítico, hago un llamado respetuoso y firme a los partidos de oposición, a los expresidentes y a todos los líderes de la sociedad civil, para que, al margen de las diferencias ideológicas, sumemos esfuerzos en la defensa de la soberanía nacional y la dignidad del país.