El panorama de orden público en Ibagué se tomó la agenda del Concejo Municipal en la reciente sesión de control político que dejó más dudas que certezas. Los concejales Carlos Beltrán, William Rosas y Aura Galeano confrontaron al secretario de Gobierno, Francisco Espín, y a la Dirección de Seguridad en cabeza del coronel Edgar López, comandante de la METIB, sobre el incremento de la criminalidad. A pesar de los informes presentados por la fuerza pública, el cabildo fue enfático en que las cifras de delitos de alto impacto, como el homicidio y el abigeato en zonas rurales, están golpeando con fuerza la tranquilidad de los ibaguereños.

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Uno de los puntos de mayor fricción durante el debate fue la crítica directa a la planeación estratégica de la ciudad. El concejal Beltrán fue tajante al afirmar que el actual Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es un documento desconectado de la realidad territorial. Según el cabildante, existe una preocupante "falta de claridad" en las políticas públicas, lo que impide que los programas diseñados por la administración municipal logren impactar positivamente en la reducción del delito en los barrios y veredas.

La inseguridad en puntos específicos, como la comuna nueve y el sector de La Samaria, también fue protagonista de la discusión. Beltrán denunció que el robo de autopartes y la extorsión siguen ganando terreno ante una gestión que calificó como poco "sólida y eficaz". Para el Concejo, la ausencia de mecanismos técnicos de medición es una de las mayores debilidades, ya que sin indicadores claros es imposible determinar si las estrategias implementadas por la Secretaría de Gobierno están dando frutos o si simplemente se están malgastando recursos.

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Al cierre de la jornada, la corporación concluyó que la dependencia de seguridad aún mantiene una deuda pendiente con la capital tolimense. El ejercicio de control político dejó en evidencia que no basta con la presencia de las autoridades en el recinto si no hay resultados tangibles que la comunidad pueda percibir en las calles. Desde el Concejo de Ibagué se advirtió que el seguimiento será permanente hasta que la administración demuestre una competencia institucional que garantice una mejora real en la convivencia y la seguridad ciudadana.