El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, le puso la lupa al cuestionado contrato por $11.000 millones para la construcción del nuevo acueducto de Armero Guayabal. Contrato que se celebró en octubre de 2018, durante el segundo periodo de Óscar Barreto en la Gobernación del Tolima, se terminó supuestamente en julio de 2021, pero que nunca cumplió el objetivo de llevar agua potable constante al municipio.

El senador Ávila publicó un video en sus redes sociales, en el que expuso la investigación que realizó sobre este particular proyecto, al que denominó un "elefante blanco". Con su investigación, el congresista deja al descubierto los polémicos contratistas detrás de las fallidas obras, la falta de control por parte de la Gobernación del Tolima y la aparente negligencia para exigir una solución definitiva.

Se trata de un contrato por $11.000 millones, celebrado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima (EDAT) durante la segunda administración de Óscar Barreto. El mismo pretendía supuestamente corregir la falta de agua potable en Armero Guayabal, aunque sus habitantes aseguran que antes de las obras gozaban de un mejor servicio.

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La ejecución del contrato, que debía tardar 10 meses, se enredó a tal punto que demoraron casi tres años. El acta de terminación de las obras solo fue firmada en julio de 2021, durante la gestión del exgobernador Ricardo Orozco Valero.

"El contrato tuvo cuatro prórrogas, dos suspensiones, lo que hizo que los 10 meses de ejecución se convirtieran en 32 meses (...) Y hoy hay una intermitencia en el servicio de agua. Es decir, no se ha podido solucionar, como si los $11.000 millones no hubiesen servido para nada", señaló Ávila.

Los cuestionados contratistas

Entre las revelaciones de Ávila figuran los polémicos contratistas que estuvieron al frente de las fallidas obras en Armero Guayabal. El ganador del contrato fue el Consorcio Acueducto TMS, integrado por Miguel Camilo Castillo Baute (5 %), y las empresas Separco Inversiones S. A. S. (60 %) y Técnica y Construcciones Civiles S. A. S. (35 %).

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Según la investigación de Ávila, por lo menos dos de los tres contratistas que integran el consorcio dejan serias dudas sobre su transparencia o seriedad. Por ejemplo, Miguel Camilo Castillo Baute fue mencionado en 2016 como uno de los grandes "megacontratistas" en 29 de los 32 departamentos del país.

"A Miguel Castillo se le relaciona como uno de los contratistas de Kiko Gómez, el exgobernador de La Guajira, que de hecho me mandó a matar (...) Además, Miguel Castillo y su hermano David Castillo fueron condenados por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a pagar perjuicios a Aguas de Cundinamarca por incumplimiento a la ejecución de un contrato en 2007", contó Ávila.

Asimismo, el congresista reveló que el representante legal de Técnica y Construcciones Civiles S. A. S. es Alfredo Amín Yaber, recordado por ser asesor de la Unión Temporal Centros Poblados, la misma del escándalo de corrupción de $70.000 millones en el gobierno del expresidente Iván Duque.

"Fue el que subió los documentos del Secop y luego actuó como testigo en las investigaciones adelantadas por la Fiscalía. Tampoco es la primera vez que Amín Yaber se encuentra relacionado con obras que presentan retrasos y suspensiones, como en 2019", enfatizó Ávila.

Lo mismo ocurrió con el acueducto de Armero Guayabal. Si bien el acta de terminación de obras se firmó en julio del año 2021, a la fecha todavía no se ha firmado el acta de liquidación.

"La obra tuvo varias particularidades, empezando porque quien la ejecutó estaba compuesto por contratistas cuestionados, como por los hallazgos fiscales que señala la Contraloría de la República, hasta por la intermitencia en el servicio del agua en el municipio, pese a una inversión millonaria", acotó.

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¿Qué pasó con la póliza de incumplimiento?

El senador Ariel Ávila a su vez cuestionó a la actual gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y al gerente de la EDAT, Gustavo Adrián Piedrahíta, por no hacer efectiva la póliza de incumplimiento para que el contratista pague o responda por las obras fallidas de Armero Guayabal.

"Pese a los problemas y quejas de la comunidad del municipio, no se ha hecho, y la póliza que aseguraba la obra vence el 19 de julio de 2026. Posiblemente están esperando que se venza esa fecha", aseveró el parlamentario.

Por último, el senador insinuó que la negativa de Matiz a hacer efectiva la póliza de incumplimiento tendría que ver con su relación con el exgobernador Óscar Barreto.