En Armero-Guayabal ocurre otro caso de realismo mágico. Según la comunidad, allí tenían un acueducto que funcionaba bien, pero la EDAT en el 2018 le invirtió más de $11.000 millones para optimizarlo y sucedió que la obra no funcionó.

La Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico de la Contraloría General de la República, le acaba de responder al arquitecto Orlando Sepúlveda Chávez, presidente de la veeduría ‘Auditoría Visible’, una denuncia que éste había elevado ante el ente de control sobre irregularidades en la ejecución de la obra ‘Optimización del Sistema de Acueducto’ realizada por la EDAT y el Consorcio Acueducto TMS, especificada en el contrato No 128 de 2018 por valor de $11.084605.303.

De acuerdo con los antecedentes, el 17 de abril de 2022 se presentó un alud de tierra que destruyó la línea de conducción recién construida lo que dejó sin suministro de agua a los casi 14.000 habitantes que tiene Armero-Guayabal. Las reparaciones las asumió la Empresa de Servicios Públicos del municipio.

Este hecho del daño ocasionado por la naturaleza lo tomó el consorcio ejecutor de la obra como el motivo para que disminuyera la cantidad de agua por la línea de conducción recién construida, situación que las veedurías rechazaron. Lograron determinar que desde mucho antes de la presentación de ese alud de tierra que colapsó las dos líneas de conducción (la antigua de asbesto cemento y la nueva en Polietileno de Alta Densidad), “ya era evidente que la nueva línea de conducción no llevaba el volumen de agua requerido en los diseños”.

• Puede leer: Los líos del acueducto de Armero-Guayabal

Se dañó lo que funcionaba bien

Palabras más, palabras menos lo que han venido argumentando con insistencia las veedurías es que antes se tenía un buen suministro de agua y que con la nueva obra se desmejoró. En ese orden las veedurías denunciaron con pruebas, que la nueva línea de conducción instalada tenía una tubería de un diámetro inferior al diámetro mínimo de diseño, e incluso inferior a las especificaciones técnicas suministradas por el fabricante.

Otro hecho para destacar es que las veedurías requirieron a los Auditores la urgente y prioritaria necesidad de realizar la medición del caudal que transportaba la nueva línea de conducción sin interferencia de la vieja línea de asbesto cemento. Esa medición nunca se hizo. Todo lo contrario, hubo una información falsa que los Auditores le hicieron llegar a la Gerencia de la Contraloría del Tolima en la que reportaron un caudal superior a los 50 litros por segundo, muy superior al caudal del diseño que es de 45 litros.

• Lea también: En 45 días se define el futuro del acueducto de Armero Guayabal

Hallazgo Administrativo

Han sido cinco años de lucha permanente de las veedurías ciudadanas. Hoy la Contraloría General de la República les da la razón con el “Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en cuantía de $7.659.722.568,45 correspondiente al valor pagado por los ítems que conforman el contrato de obra No. 128 de 2018, teniendo en cuenta que este no ha cumplido con su finalidad, debido a que los sistemas de conducción, planta de tratamiento y redes de distribución presentan inconvenientes en su desempeño y funcionalidad, que impiden lograr la Optimización del Sistema de Acueducto según lo establecido en el Plan Maestro del Municipio de Armero –Guayabal y con ello beneficiar a la comunidad”.

Conclusiones

La Contraloría General de la República en este espinoso caso concluye lo siguiente:

• Se configuró el Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal por cuantía de $7.659.722.568,45.

• Teniendo en cuenta que se evidencian conductas que deben ser investigadas por parte de la Procuraduría General de la Nación – PGN, se dará traslado para lo de su competencia.

• Igualmente, se dará traslado a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, para lo de su competencia informando que la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima, adelanta el proceso de responsabilidad No. PRF-80732-2022-41579.

Finalmente, la Contraloría General de la República, valora la participación ciudadana contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública y control social.