Durante el foro "Cuando la ilegalidad gobierna", la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, lanzó una alerta sobre la crisis de seguridad y orden público que azota al sur del departamento. La mandataria precisó que la minería ilegal no solo está arrebatando los recursos naturales en municipios como Ataco y Chaparral, sino que ha desplazado al narcotráfico como la principal fuente de financiación de estructuras criminales como el Frente Ismael Ruiz. Según Matiz, estos grupos cobran hasta $8 millones solo por permitir el ingreso de cada retroexcavadora al territorio.

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La brecha económica entre la legalidad y el crimen es alarmante: el departamento percibe menos de $500 millones mensuales en regalías, mientras que la explotación ilícita genera rentas que superan los $5.000 millones de pesos en el mismo periodo. Matiz enfatizó que esta "falsa bonanza económica" viene acompañada de problemáticas sociales conexas como el microtráfico y la prostitución, afectando gravemente a poblaciones que, tras años de violencia, intentaban apostarle a economías lícitas como el café y el sector agropecuario.

Uno de los puntos más críticos expuestos por la gobernadora fue la falta de herramientas legales para que la Fuerza Pública actúe. Matiz relató cómo la maquinaria pesada transita libremente por las vías nacionales con documentación en regla, impidiendo que la Policía o el Ejército puedan incautarla, a pesar de que su destino final es la explotación ilícita en el río Saldaña. "Nos sentimos solos en el territorio", afirmó la mandataria, haciendo un llamado a la unidad entre las entidades del orden nacional para cerrar los vacíos normativos que hoy favorecen a la criminalidad.

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La primera mandataria de los tolimenses instó al Congreso de la República, que se posesionará el próximo 20 de julio, a legislar de manera prioritaria sobre la minería legal. Su propuesta incluye endurecer los registros de comercializadores y proveedores, además de rastrear estrictamente el origen de los recursos de las empresas del sector. Para Matiz, sin una agenda nacional que priorice la formalización y el control efectivo, la institucionalidad seguirá en desventaja frente a un negocio que sobrepasa las capacidades operativas locales.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Gobernación del Tolima.