Todo discurso de posesión constituye mucho más que un acto protocolario: es la primera definición del rumbo político de un gobierno y, sobre todo, la oportunidad para enviar un mensaje de reconciliación a una nación fracturada tras una intensa contienda electoral.

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Al inicio de la jornada, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, presentó el panorama de un país devastado por la violencia, el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción, sugiriendo que tales males son responsabilidad exclusiva de la administración saliente. Esa lectura simplifica una realidad considerablemente más compleja: Colombia arrastra muchos de esos fenómenos desde hace décadas y ningún gobierno, por exitoso o deficiente que haya sido, puede cargar por sí solo con toda esa responsabilidad.

La democracia exige reconocer los errores de los gobiernos precedentes, pero también sus aciertos. Reducir el pasado inmediato a una caricatura de desastre absoluto puede funcionar como narrativa política, pero difícilmente contribuye a generar confianza entre sectores disímiles o a rebajar la confrontación.

Por otra parte, la ceremonia del 7 de agosto contó con una marcada presencia de dirigentes religiosos. Si bien la dimensión espiritual forma parte de la vida de millones de colombianos y merece absoluto respeto, conviene recordar que el Estado colombiano es laico y mantiene plena autonomía frente a cualquier credo. La administración pública no opera mediante actos de fe, sino a través de la planeación, la técnica administrativa, el rigor financiero y el respeto por la Constitución. Gobernanza e interés general exigen convicciones institucionales más que dogmas religiosos.

En su intervención, el presidente De la Espriella afirmó que su propósito será “restablecer la República”. Se trata de una frase de indudable impacto formal, pero que plantea una inquietud de fondo: ¿implica esto que las instituciones republicanas dejaron de existir o que simplemente requieren reformas? En democracia, las palabras del jefe de Estado poseen un peso institucional ineludible y exigen la mayor precisión.

Resultan igualmente delicadas aquellas afirmaciones que sugieren responsabilidades políticas por hechos criminales como el asesinato de Miguel Uribe, atribuido por las investigaciones a grupos armados al margen de la ley. En un Estado de derecho, la responsabilidad penal es estrictamente individual y solo puede determinarse en los tribunales, no en los estrados políticos. El adversario no debe ser convertido en enemigo de la República; la historia del país demuestra que cuando la descalificación sustituye al debate, la polarización erosiona las instituciones y abre la puerta a la violencia.

Entre los anuncios centrales figuró la intención de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Al tratarse de un pilar de la arquitectura jurídica derivada del Acuerdo de Paz e incorporada a la Carta Política mediante reformas avaladas por el Congreso y la Corte Constitucional, cualquier modificación deberá seguir rigurosamente los trámites constitucionales y no depender de la sola voluntad del Ejecutivo.

En materia de seguridad, el mandatario ratificó el fin de los diálogos con grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la construcción de megacárceles y la reanudación de la erradicación de cultivos ilícitos mediante fumigación de última tecnología. En el frente económico y energético, reiteró la apuesta por el fracking bajo regulación técnica, una reforma tributaria estructural orientada a la simplificación de impuestos y el estímulo a la inversión, y la eliminación del impuesto al patrimonio. Asimismo, propuso el uso de inteligencia artificial para combatir la corrupción y prometió dar una "batalla cultural" en defensa de la familia y los valores fundacionales.

En el ámbito institucional y exterior, destacó su compromiso con la Constitución de 1991, el rechazo a una Asamblea Nacional Constituyente, el respeto a la independencia judicial y a la prensa libre, así como la integración de Colombia al acuerdo del Escudo de las Américas.

Llamó la atención el pasaje en el que se refirió directamente a la oposición, al asegurar con vehemencia que en lo que denominó "La Patria Milagro" nadie será perseguido por pensar distinto ni privilegiado por apoyar al Gobierno, garantizando el derecho de las mayorías a gobernar y de las minorías a controvertir.

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La democracia colombiana no requiere una confrontación permanente entre vencedores y vencidos, sino un gobierno firme a la par que prudente, y una oposición crítica pero responsable. Los presidentes pasan; la República permanece. El primer deber de quien asume la jefatura del Estado es gobernar para todos los ciudadanos, tanto para quienes le otorgaron su voto como para quienes decidieron no hacerlo. Allí reside la autenticidad del poder democrático.