El Gobierno nacional prepara un proyecto de Ley de sometimiento dirigido a organizaciones armadas ilegales que decidan entregar sus armas y acogerse voluntariamente al Estado de derecho y la Constitución.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien señaló que la iniciativa establecerá una ruta jurídica para el sometimiento de estas estructuras, bajo condiciones que incluyen la entrega de armas y la aceptación de responsabilidad por los delitos cometidos.

“No hay negociaciones largas ni rebajas desproporcionadas”, afirmó Cancino, al señalar además que no habrá tratos especiales ni impunidad para quienes se acojan al mecanismo.

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La propuesta no estaría dirigida, en principio, a personas que ya se encuentren privadas de la libertad. El Gobierno indicó que no habrá excarcelaciones por esta vía y que quienes estén detenidos deberán responder ante la justicia bajo los términos actualmente vigentes.

El proyecto contempla el sometimiento voluntario de organizaciones completas y busca establecer una ruta jurídica específica para su desarticulación, con condiciones y consecuencias penales definidas.

“Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. Lo único que van a poder decir es: me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias”, aseguró el ministro.

Estatuto antiterrorista

Junto con la Ley de sometimiento, el Gobierno prevé presentar un estatuto antiterrorista, orientado a combatir las rentas criminales y establecer regímenes penitenciarios especiales para los cabecillas de estas estructuras.

Colombia ya tiene mecanismos de sometimiento

Actualmente, el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con diferentes herramientas para el sometimiento a la justicia.

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La Ley 906 de 2004, que establece el Código de Procedimiento Penal, contempla mecanismos individuales como la aceptación de cargos, los preacuerdos y las negociaciones con la Fiscalía.

Por su parte, la Ley 1908 de 2018 creó mecanismos para el sometimiento colectivo de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Esta norma contempla la sujeción de estas estructuras a la justicia ordinaria y no establece beneficios propios de la justicia transicional.

También existen marcos de justicia transicional como la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo ámbito de aplicación corresponde a determinados actores y circunstancias.

La nueva iniciativa del Gobierno parte de la consideración de que los mecanismos existentes presentan limitaciones para el sometimiento y desmantelamiento de estructuras criminales de manera colectiva. Por ello, busca establecer una ruta procesal específica dentro de la actual estrategia de seguridad del gobierno en turno.