El inicio del mandato de Abelardo de la Espriella en la Presidencia de Colombia llegó acompañado de un giro radical en las políticas energéticas y de seguridad nacional. Durante su primer discurso oficial, pronunciado desde el Batallón Pichincha en Cali tras su toma de posesión, el nuevo mandatario trazó una hoja de ruta centrada en la reactivación económica mediante la explotación de hidrocarburos y una estrategia contundente para enfrentar la crisis del narcotráfico.

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Una de las decisiones macroeconómicas de mayor impacto anunciadas por el Jefe de Estado es la autorización de la técnica de fracturamiento hidráulico, conocida popularmente como fracking. De la Espriella enfatizó que esta práctica se ejecutará bajo criterios técnicos de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. Con esta medida, el Ejecutivo busca expandir de forma drástica las reservas de petróleo y gas, dinamizando los ingresos fiscales y blindando la soberanía energética del país.

La reactivación del fracking reabre de inmediato un intenso debate que divide al país en los frentes ambiental, económico y jurídico. Mientras los sectores productivos celebran el impulso al capital energético y el flujo de recursos, colectivos ambientalistas reiteran su preocupación por el uso intensivo de agua, el riesgo de contaminación en fuentes hídricas subterráneas y la inducción de actividad sísmica. El reto de la nueva administración residirá en demostrar la viabilidad técnica prometida sin desencadenar un colapso socioambiental.

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En materia de orden público, De la Espriella decretó el regreso de la fumigación aérea como prioridad nacional para erradicar las hectáreas de coca. El gobernante aseveró que se emplearán herbicidas de última generación formulados para no causar daños a la salud humana, no afectar el medio ambiente y ceñirse al marco fijado por la Corte Constitucional. Bajo su premisa, el flagelo del narcotráfico debe combatirse arrancando la planta directamente de la tierra y no a través de mediciones o estadísticas que calificó como manipuladas.

Para abordar esta crisis y ejecutar la aspersión focalizada, el Gobierno buscará alianzas estratégicas internacionales con países como Estados Unidos, orientadas a la incorporación de tecnología avanzada de drones, alineándose con las políticas de combate directo al tráfico transnacional de drogas.

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Como componente complementario de esta estrategia de seguridad, el plan oficial contempla una transición económica para las zonas rurales afectadas por el conflicto. La apuesta del nuevo mandato apunta a sustituir de manera progresiva los enclaves ilícitos por cadenas agrícolas productivas de coco, cacao, café, maíz y palma.