Durante la discusión sobre la minería en el Tolima, la Audiencia Pública Minera convocada por el representante a la Cámara Renzo García y realizada por la Comisión Quinta en Ibagué dejó expuesta una radiografía preocupante de la minería legal e ilegal que golpea al departamento.

El informe de control político presentado por el representante, advierte sobre cientos de hectáreas degradadas, millonarias rentas asociadas a la minería criminal y una cadena de fallas institucionales que va desde el control territorial hasta las investigaciones y sanciones contra quienes explotan ilegalmente los recursos naturales.

En este se identifica 491,09 hectáreas afectadas, equivalentes a unas 674 canchas de fútbol, y estima rentas de hasta $4.000 millones mensuales para las estructuras que se benefician de esta actividad.

La presión se concentra especialmente en Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco, Natagaima y Coyaima, con impactos sobre el río Atá, el río Amoyá, la quebrada Pole y la cuenca del río Saldaña. Allí, la extracción de material, el movimiento de maquinaria, la captación de agua y la disposición de estériles alteran los cauces, los suelos y la cobertura vegetal.

La silla vacía

Durante el inicio de la sesión tomó gran relevancia la ausencia de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en el espacio convocado por la Comisión Quinta. García señaló la silla vacía durante la audiencia y cuestionó que la mandataria no estuviera presente para responder por la situación del departamento frente a la minería. Para el congresista, su ausencia resulta significativa en un debate que involucra directamente la gestión departamental, los impactos ambientales y las denuncias de las comunidades, organizaciones y gremios que tuvieron presencia en el espacio.

Aunque la Gobernación envió una carta de excusa, ningún funcionario asistió en representación de la administración departamental. La misma situación se presentó con Cortolima, en cabeza de Olga Lucía Alfonso, autoridad ambiental del departamento y una de las entidades señaladas en los hallazgos del informe. Los alcaldes de los municipios mencionados en la problemática minera tampoco hicieron presencia en la audiencia.

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Cortolima, bajo la lupa

De acuerdo con el informe, la autoridad ambiental contaba desde noviembre de 2025 con información proveniente de tomas aéreas e inteligencia militar, incluyendo coordenadas de maquinaria amarilla y puntos donde se había identificado remoción de vegetación asociada a la explotación aurífera ilegal.

Sin embargo, pese a contar con información precisa sobre los lugares donde se desarrollaban estas actividades, el informe registra una sola visita de campo en más de ocho meses y señala que no se habían concretado sanciones ambientales administrativas efectivas.

Y es que uno de los reclamos que atravesó la audiencia fue precisamente la falta de respuesta de Cortolima, señalada por distintos sectores por no asumir con suficiente presencia su papel como primera autoridad ambiental del departamento frente a un problema que, según organizaciones y actores del territorio, ya desborda las capacidades institucionales para atenderlo.

El cuestionamiento no se limita a la extracción ilegal de minerales: también alcanza la situación de los pequeños mineros que buscan avanzar hacia la legalización, a gremios como el arrocero y a organizaciones sociales que se oponen al extractivismo a gran escala. En todos estos escenarios, Cortolima aparece como un actor ausente o con una respuesta insuficientes para atenderlos.

Títulos y solicitudes cubren el 19,83 % del Tolima. 478.883,06 ha
área única bajo título minero vigente o solicitud vigente. Fuente: Renzo García

Institucionalidad fragmentada

La Gobernación del Tolima también aparece entre las entidades cuestionadas. Fue requerida desde el 3 de agosto de 2026 para entregar información sobre sus planes, acciones, actas y resultados frente a la minería ilegal, pero su respuesta fue registrada como “incompleta”.

A esto se suma una cadena de respuestas tardías o inexistentes. La Gobernación ha entregado respuestas, según expone, el representante García, "a medias" mientras que las alcaldías de Chaparral y Coyaima aparecen como omisas frente a los requerimientos señalados en el proceso de control político.

En materia disciplinaria, el panorama tampoco muestra avances contundentes: de 10 procesos relacionados con minería criminal reportados por la Procuraduría, nueve aparecen inactivos y uno activo.

El resultado es una cadena que presenta fallas entre la detección de la actividad minera, la respuesta de la autoridad ambiental, la operación en territorio, la investigación judicial y el seguimiento disciplinario. 

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La situación también ha generado preocupación entre organizaciones sociales y ambientales del departamento, que han denunciado que la minería se ha convertido en una problemática que no solo afecta los ecosistemas y las comunidades, sino que también puede poner en riesgo la vida de quienes realizan labores de denuncia y veeduría. Según estas organizaciones, las alertas y denuncias llegan a las autoridades, pero en distintos casos las respuestas no se producen con la celeridad requerida, lo que deja expuestos a quienes hacen seguimiento, documentan y denuncian lo que ocurre en los territorios frente a posibles acciones de grupos criminales.

La maquinaria amarilla ¿“invisible”?

Una pregunta queda sobre la mesa: ¿cómo llegan hasta los ríos las retroexcavadoras y las volquetas que terminan operando en los frentes mineros? Su traslado hasta estos lugares implica, necesariamente, recorrer las vías del departamento, atravesar zonas pobladas y abastecerse de combustible.

El informe señala que, pese al conocimiento de las autoridades ambientales, gubernamentales y de seguridad, están identificados los llamados “frentes mineros” donde opera la explotación ilegal, siguen allí.

El representante cuestionó la falta de controles sobre el combustible que requiere esta maquinaria para operar. En el caso de Ataco, señaló la necesidad de revisar cómo se abastecen de diésel y gasolina los frentes mineros y preguntó por los controles que deberían realizarse en las estaciones de servicio. 

Las preguntas de García se extendieron a las autoridades encargadas de actuar en territorio: Policía, Fiscalía, Ejército y alcaldías. ¿Por qué no se controla el combustible? ¿Por qué no se detiene la maquinaria? ¿Qué está pasando en los territorios donde las autoridades aseguran conocer la ubicación de los frentes mineros?

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El congresista planteó además que, frente a la minería ilegal y criminal, los municipios tienen responsabilidades directas y cuestionó la falta de actuación de las autoridades. Finalmente, habló de una “falta de voluntad política” para enfrentar el problema y señaló que, a su juicio, las circunstancias descritas deberían ser objeto de investigación frente a posibles situaciones de complicidad.

Agua, alimentos y territorio en riesgo

Las alertas también apuntan a lo que ocurre aguas abajo. Usosaldaña ha advertido que el deterioro de la cuenca del río Saldaña no puede analizarse únicamente desde el impacto ambiental, porque también compromete el agua y las actividades productivas que dependen de ella. La presión minera sobre la cuenca genera preocupación por sus posibles efectos sobre la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de las comunidades que utilizan estas aguas para sus actividades agrícolas.

El riesgo adquiere una dimensión territorial: el mismo sistema hídrico que recibe los impactos de la extracción minera sostiene cultivos, actividades campesinas y economías locales. Por eso, la discusión sobre minería también termina siendo una discusión sobre qué agua queda disponible para producir alimentos y qué territorio se quiere garantizar para la agricultura.

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Las denuncias campesinas

El informe advierte sobre la presión que existe en territorios destinados a actividades agrícolas y comunitarias, particularmente en municipios como Chaparral, donde las comunidades han expresado preocupaciones por la minería ilegal y la presencia de grupos armados.

En ese contexto, el 13 de mayo de 2026, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Agricultura participaron en una mesa de trabajo sobre Chaparral, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Allí se abordaron las preocupaciones de las comunidades frente a la minería ilegal y la presencia de grupos armados.

La situación también involucra directamente a las ZRC y las APPA, territorios en los que la actividad minera entra en tensión con las apuestas de producción y desarrollo rural.

A nivel departamental, las solicitudes y títulos mineros vigentes representan el 19,83 % del territorio del Tolima, equivalente a 478.883,06 hectáreas, con especial atención sobre la cuenca del río Saldaña.

El resultado es una radiografía preocupante: la minería no está generando únicamente impactos ambientales, sino que representa un peligro real para la seguridad, la producción agrícola y campesina, la vida de líderes y lideresas sociales y ambientales, así como para la capacidad de gobernanza del territorio.

La pregunta ahora es qué ocurrirá en el territorio si los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos continúan soportando los impactos de una minería criminal que, según las denuncias, sigue avanzando sin ningún control.