El anuncio de los 20 proyectos estratégicos para el Tolima quedó bajo cuestionamiento luego de que el representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié solicitara explicaciones sobre su financiación y estado de avance. Sin embargo, la respuesta de la Presidencia de la República introduce una precisión: las iniciativas sí fueron identificadas, aunque todavía no cuentan con aprobación técnica definitiva ni tienen garantizados los recursos.

En un oficio del 4 de noviembre, la Consejería Presidencial para las Regiones informó que, durante un ejercicio preliminar de identificación de necesidades territoriales, se registraron 20 proyectos para el departamento, con un valor total reportado de $45.608 millones. El proceso partió de 134 necesidades recopiladas mediante una matriz territorial cuya información para el Tolima fue solicitada el 25 de julio de 2026.

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La entidad aclaró que ese monto corresponde al costo reportado de las iniciativas y no a dinero apropiado, comprometido, contratado o ejecutado. Tampoco acredita asignación presupuestal ni garantiza cofinanciación nacional para 2026. Además, indicó que la identificación no equivale a viabilidad técnica ni a una orden de ejecución.

Los anexos permiten conocer parte del procedimiento. El equipo de empalme del Gobierno Nacional solicitó a las gobernaciones y alcaldías diligenciar una matriz con sus prioridades de inversión. En ese documento se indicaba que podían reportarse hasta tres proyectos por gobernación y hasta tres por cada municipio, con información técnica, financiera y sobre su estado de trámite. También se advertía expresamente que el diligenciamiento no implicaba compromisos presupuestales, contractuales ni de ejecución por parte del Gobierno Nacional.

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La respuesta de la Gobernación del Tolima, fechada el 28 de octubre, señaló que el ejercicio de priorización fue adelantado por el Gobierno Nacional a través de la Consejería para las Regiones. Por esa razón, remitió a dicha dependencia las preguntas relacionadas con el listado de iniciativas, su identificación y los costos y recursos asociados. En los documentos anexos también aparecen correos electrónicos intercambiados durante julio y septiembre para recopilar información y verificar el estado de radicación de los proyectos.

Hincapié cuestionó la información entregada por el departamento y aseguró que los documentos de soporte eran comunicaciones electrónicas de meses atrás. “La respuesta de la Gobernación fue un documento incompleto, con hojas en blanco y rodeos”, afirmó. También sostuvo que los correos enviados a personas que, según él, no hacían parte del Gobierno Nacional no justificaban el anuncio de la gobernadora Adriana Matiz.

Otro punto relevante de la respuesta de Presidencia es que la Consejería no tiene entre sus funciones aprobar, financiar, contratar o ejecutar directamente este tipo de iniciativas. Para establecer la situación individual de cada una se requiere verificar documentos como fichas MGA, códigos BPIN, estudios y diseños, licencias, permisos y conceptos técnicos ante las entidades competentes. La dependencia también indicó que no puede certificar contratos, cronogramas definitivos ni fechas de inicio o terminación para el conjunto de proyectos.

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Ante este panorama, el congresista afirmó: “Queremos creer que la gobernadora fue engañada y no que se trató de un anuncio falso”. Además, relacionó la controversia con sus cuestionamientos al Gobierno Nacional por el recorte presupuestal de $321.000 millones para el Tolima y la respuesta ante las emergencias por incendios forestales y los problemas de seguridad en el sur del departamento.

Finalmente, Hincapié pidió a la Gobernación asumir una posición más crítica frente al Gobierno Nacional y reclamar mayores compromisos en inversión social y seguridad. “El departamento necesita soluciones inmediatas”, concluyó.