La Sala Plena protegió los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad de Yolanda Inés Robles Ramírez, además de reconocer su derecho a una vida libre de violencias. Jorge Enrique Ibáñez Najar magistrado de la Corte Constitucional deberá rectificar sus declaraciones y CasaMacondo tendrá que publicar la rectificación.

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de Yolanda Inés Robles Ramírez y su hijo Jorge Enrique Ibáñez Robles en la Sentencia SU-367 de 2026, tras estudiar la acción de tutela relacionada con las declaraciones de Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien realizó señalamientos contra la madre de su hijo, al afirmar que ella lo había drogado y abusado sexualmente, y que de esa situación habría nacido su primogénito.

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Esto ocurrió en el contexto de una entrevista concedida al medio CasaMacondo, publicada como parte del especial periodístico Justicia huérfana: el hijo negado del presidente de la Corte Constitucional, en la que Ibáñez Najar realizó los señalamientos.

La decisión de la Sala Plena protegió los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad de Robles Ramirez. Además, reconoció expresamente su derecho a una vida libre de violencias.

Como medida de reparación, la Corte ordenó a Ibáñez Najar rectificar sus declaraciones en un plazo de tres días después de la notificación de la sentencia. La rectificación deberá ser personal, en primera persona y reconocer su responsabilidad directa por las manifestaciones sin fundamento que vulneraron los derechos de la demandante.

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El alto tribunal también estableció que la rectificación no podrá responsabilizar a CasaMacondo ni a sus periodistas por las afectaciones, tampoco cuestionar sus métodos de reportería.

¿Qué pasará con CasaMacondo?

La Corte ordenó al medio de comunicación publicar la rectificación en su portal web y sus redes sociales, con el mismo despliegue y duración que ha tenido el artículo.

Sin embargo, revocó las órdenes judiciales que obligaban a CasaMacondo a retirar contenidos, abstenerse de futuras publicaciones y divulgar una nota aclaratoria. Por tanto, el medio podrá decidir si vuelve a publicar el artículo, pero deberá garantizar la divulgación de la rectificación y vincularla al contenido si lo republica.

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Adicionalmente, la Corte exhortó a los medios de comunicación a ofrecer a las personas involucradas la oportunidad de pronunciarse antes de divulgar entrevistas que contengan información sensible sobre su intimidad.

Finalmente, ordenó a la Defensoría del Pueblo orientar a Yolanda Robles, con su consentimiento, para que pueda acceder, si así lo desea, a las medidas de protección contempladas en las leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala Plena de la Corte Constitucional.