Las dificultades en la prestación del servicio de aseo en Ibagué siguen generando inconformidad entre los ciudadanos. En sectores de las comunas 7 y 9, la Plaza de la 21, el centro de la ciudad, Ciudadela Simón Bolívar y Comfenalco, se han reportado retrasos de hasta dos días en la recolección de residuos y el incumplimiento de las frecuencias establecidas.

A estas quejas se suman las fallas mecánicas de los vehículos recolectores, que han ocasionado acumulación de basuras y malos olores en algunos puntos. También persisten los cuestionamientos por los cobros del servicio, que llegan en la factura de energía de Celsia y que, según usuarios, en determinados casos representan valores elevados frente a la calidad que perciben.

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En medio de este panorama, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) advirtió sobre los posibles efectos de la Resolución 1040 del 30 de julio de 2026, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Según el gremio, el nuevo marco tarifario podría representar una reducción promedio del 40% en los ingresos reconocidos a las empresas de aseo.

Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, señaló que este ajuste superaría ampliamente el margen promedio de utilidad de las compañías del sector, calculado por el gremio en cerca del 14%. A su juicio, la reducción podría comprometer la capacidad financiera de los operadores para mantener sus vehículos, renovar la flota, contratar personal y garantizar las frecuencias de barrido y recolección.

El dirigente explicó que el impacto no se limitaría a las finanzas de las empresas, sino que podría trasladarse a la prestación del servicio. Entre los aspectos que generan preocupación están la disminución de recursos para el mantenimiento de los equipos y las dificultades para sostener las labores de limpieza de calles, parques y espacios públicos. “Las empresas van a cumplir la norma, pero con una tarifa que no alcanza”, manifestó Sánchez.

Andesco también cuestionó los cambios en los costos reconocidos para algunas actividades. Uno de los puntos señalados por el gremio es la reducción del 88% en el valor contemplado para el barrido y limpieza de parques y espacios públicos, frente a lo establecido inicialmente en el proyecto regulatorio. La asociación considera que los cálculos no reflejarían suficientemente las condiciones reales en las que se desarrolla esta labor en los municipios.

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La preocupación adquiere relevancia para ciudades como Ibagué, donde el servicio ya enfrenta reclamos ciudadanos por demoras, frecuencias incumplidas y acumulación de residuos. Aunque la eventual reducción tarifaria todavía no se ha materializado, el debate abre interrogantes sobre la capacidad de los operadores para responder a las necesidades de limpieza urbana si cuentan con menos recursos reconocidos para desarrollar sus actividades.

Por esta razón, Andesco solicitó revisar y revocar la resolución antes de su entrada en vigencia, prevista para 2027, y pidió que se evalúen nuevamente los cálculos técnicos que sustentan la metodología. El gremio insiste en que las tarifas deben responder a los costos reales de operación y permitir que las empresas mantengan la calidad y continuidad del servicio.

Por ahora, el llamado de atención se suma a las dificultades que los habitantes de Ibagué vienen señalando frente a Interaseo. La discusión no solo gira alrededor de cuánto pagan los usuarios por el aseo, sino también de las condiciones en las que se presta un servicio esencial y de las garantías para evitar que los problemas actuales se profundicen en los próximos años.