Una investigación periodística de Casa Macondo sobre el expediente perdido del magistrado Jorge Enrique Ibáñez quedó en el centro de un debate sobre censura, luego de que la jueza Catalina María Manrique Calderón, del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, ordenara el retiro de todo el material relacionado con este trabajo investigativo.

“La orden es concreta: en cinco días debemos eliminar el trabajo y retirar evidencia documental, bajo el argumento de proteger el buen nombre del magistrado”, explicó el medio.

La desaparición de un expediente que vincula al magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, con un caso de paternidad no reconocida —y que involucra al Juzgado Sexto de Familia de Ibagué— fue el punto de partida de la investigación.

De acuerdo con Casa Macondo, el hijo no reconocido del magistrado Ibáñez, Jorge Enrique Salas Robles habría solicitado una copia del expediente el 11 de octubre de 2021, pero este nunca apareció. Para el medio, este hecho transformó una denuncia de carácter privado en un asunto de interés público, al comprometer la transparencia de las instituciones de justicia.

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“Hubo maniobras para evitar una demanda formal y se impuso un acuerdo informal que durante años condicionó el conocimiento del caso. En 2021, cuando el hijo intentó reclamar el uso del apellido, el expediente desapareció, y ese hecho convirtió lo que era un conflicto personal en un asunto de interés público, integridad judicial, transparencia y rendición de cuentas”, concluyó el medio.

Para el medio este fallo en segunda instancia es un método de censurar la investigación sobre uno de los hombres más poderosos de la justicia en el país. “Nosotros acatamos el fallo, pero lo decimos con claridad, esto es censura. Esa investigación no nació de la curiosidad por la vida privada de nadie. Nació de un hecho procesal grave, la desaparición física y digital de un expediente de filiación”, explican.

Este tema ha sido de profundo interés para el medio, que, a través de la recopilación de las versiones ha construido la investigación, esto incluye una llamada telefónica de Juan Pablo Barrientos el 13 de agosto de 2025 y aceptada por el magistrado Ibañez, donde brinda su versión de los hechos. Incluso, acusa a la madre de su hijo no reconocido de haberlo abusado sexualmente.

En dicha conversación, Ibáñez negó en todo momento la existencia de una relación biológica con Salas Robles, quien desde hace años reclama su derecho a ser reconocido. Esto, pese a la existencia de pruebas de ADN que confirmarían el parentesco y que, en la narrativa del magistrado, continúa siendo la negación.

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Esa misma entrevista telefónica fue uno de los argumentos utilizados por el magistrado, quien sostuvo que se trataba de una conversación informal grabada sin su autorización. Frente a ello, Casa Macondo respondió: “En periodismo hay reglas claras: lo que es publicable y atribuible no se vuelve privado después, cuando incomoda. La confidencialidad no es retroactiva.”.

Según el fallo, la jueza Manrique habría solicitado prudencia al expresidente de la Corte Constitucional por tratarse de una figura pública; sin embargo, pese a reconocer esa condición, la decisión termina privilegiando la protección de la reputación del magistrado, por encima del derecho a la información.

Resulta paradójico que el fallo haya sido proferido el 9 de febrero, Día del Periodista, una fecha en la que instituciones nacionales y locales exaltan el oficio del escrutinio al poder. Decisiones como esta, advierte el medio, no solo censuran investigaciones periodísticas, sino que también erosionan la credibilidad de las instancias judiciales al blindar la imagen de una figura poderosa como la del magistrado, Enrique Ibáñez.

Casa Maconda señala que irán a las máximas tanto nacionales como internacionales para defender el derechos a informar, ya que, consideran que este caso puede ser tomado como un precedente para que figuras públicas de poder puedan usar el argumento de declaraciones privadas y frenar las investigaciones en su contra, con ello, censurar el periodismo independente y de contrapoder.