El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Hollman Ibáñez Parra, por la presunta comisión del delito de prevaricato por omisión y posibles faltas al régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de interés.

Las acciones jurídicas están relacionadas con las decisiones adoptadas en los radicados CNE-E-DG-2026-002657 y CNE-E-DG-2026-002705, mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó por fuera a Cepeda de la consulta del 8 de marzo, denominada Frente Amplio por la Vida. Esta determinación, según el candidato, lo obligó a ir a primera vuelta presidencial.

• Puede leer: “Únanse”, el llamado de Petro al progresismo

Cepeda sostiene que Álvaro Hernán Prada Artunduaga debía declararse impedido para intervenir en las decisiones del CNE, debido a la existencia de un proceso penal vigente entre ambos, en el cual el hoy candidato figura como víctima.

“Existe un pleito penal vigente, que se halla en etapa de juzgamiento, en el que Prada Artunduaga fue acusado por la presunta comisión del delito de soborno en actuación penal, en calidad de cómplice, y en el que he sido reconocido como parte civil en calidad de víctima”, señala el comunicado.

Además, el candidato advierte la existencia de una enemistad grave entre ambos, sustentada en confrontaciones judiciales directas y en denuncias penales previas por presuntos delitos como calumnia, injuria agravada, apología del genocidio y hostigamiento por razones políticas y filosóficas.

• Además: Uribe en Ibagué: “Iván Cepeda es el candidato de los criminales”

En cuanto a Hollman Ibáñez Parra, Cepeda asegura que también estaba obligado a declararse impedido, al haber emitido pronunciamientos públicos y reiterados sobre los asuntos que posteriormente pasó a conocer y decidir como conjuez. “Antes de intervenir en la actuación administrativa había fijado una postura jurídica cerrada sobre la aplicación del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, relacionada con la consulta realizada por el Polo Democrático Alternativo el 26 de octubre de 2025”, indicó.

Según la denuncia, ambos funcionarios participaron y tomaron decisiones pese a estar legalmente obligados a apartarse del proceso, lo que habría vulnerado la garantía de imparcialidad. Por ello, Cepeda solicitó que se investigue y se determine si existe responsabilidad penal y disciplinaria por estos hechos.