En la audiencia de este viernes 1 de agosto la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, confirmó la condena de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y además ratificó su detención. 

Pese a que, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, solicitó que su cliente pudiera continuar en libertad hasta conocer el fallo de segunda instancia, la juez Heredia se mantuvo en su decisión de ordenar la detención domiciliaria inmediata del exmandatario. 

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"En cuanto a la idoneidad de la reclusión en la vivienda acreditados uno a uno los presupuestos del artículo 38 y 38B del catálogo punitivo, esta se considera adecuada no solo por su consagración normativa, sino porque en prisión domiciliaria el acusado podrá cumplir y redimir su pena, además de recibir el tratamiento necesario para su redes socialización", arguyó la juez. 

Para la juez, es necesaria la detención de Uribe para "preservar la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos". Desde su punto de vista, si Uribe continúa en libertad podría interpretarse que la "igualdad ante la ley no existe en el ordenamiento". Lo que podría llevar a la pérdida de la "confianza en la ley y las instituciones".

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Asimismo, reconoció la colaboración de Uribe con la justicia y su comparecencia constante en las audiencias del juicio. Sin embargo, Heredia también hizo ver que la defensa de Uribe implementó "estrategias dilatorias" para obstruir el proceso, lo que puede interpretarse como una  evasión a la justicia. 

Por último, la juez hizo ver que los oficios de Uribe o su reconocimiento internacional podrían facilitarle su salida del país. Así las cosas, en las próximas horas debería celebrarse una diligencia de compromiso en la que Uribe acuerde permanecer privado de su libertad en su residencia, ubicada en Rionegro, Antioquia. 

El proceso, ahora, pasará a un Juzgado de Ejecución de Penas, para que controle el cumplimiento de la condena contra Uribe, y también a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para que defina el fallo de segunda instancia. 

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