La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, tiene 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo, para complementar la información sobre los recursos que recibió durante la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Así lo determinó el Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá, al conceder una tutela presentada por el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo.

El congresista había enviado el 1 de octubre una serie de preguntas sobre el monto de las donaciones, su destinación, los gastos administrativos, los beneficiarios y los mecanismos de vigilancia. Al considerar que la respuesta de la organización no resolvía de fondo sus inquietudes, acudió a la acción de tutela el 16 de octubre.

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El juez estableció que, aunque se trata de una entidad privada, la fundación participó en la estrategia de recolección de ayudas promovida desde el Gobierno. Por esa razón, deberá explicar qué hizo con los aportes que recibió, administró o distribuyó en el marco de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’.

Entre los requerimientos están los soportes del balance financiero, la destinación y los plazos de ejecución de los recursos, los proyectos financiados y los controles para verificar que las ayudas lleguen a sus beneficiarios. También deberá informar si conoce aportes de contratistas estatales y precisar cómo realiza el inventario y seguimiento de las donaciones en especie. La decisión no obliga a revelar la identidad de donantes particulares ni a elaborar documentos que no existan.

¿Qué se sabe de los recursos?

En el informe de gestión correspondiente al periodo entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, la fundación reportó donaciones por $54.589 millones, provenientes, según la entidad, exclusivamente del sector privado. El 81% de ese monto corresponde a aportes de la familia Gilinski, destinados a la reconstrucción de tres colegios y tres centros de salud en Cali.

La organización también registró la movilización de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria, la atención de más de 48.000 personas y operaciones en 80 municipios. En cuanto a los gastos administrativos, informó que ascendieron a $11.916.639. La fundación ha sostenido que buena parte de los recursos se reservó para una segunda fase de reconstrucción.

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Ocampo celebró la decisión judicial y volvió a cuestionar la falta de información detallada. “¿Cómo se manejó esa plata? ¿A quiénes llegaron las ayudas? ¿Dónde están los soportes?”, preguntó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Por su parte, Pineda ha defendido que la fundación rendirá cuentas de su gestión, aunque sostiene que, por ser una entidad privada, responde ante su junta directiva y no tiene las mismas obligaciones de un organismo estatal. “No es un ministerio y no estoy obligada”, manifestó en una declaración sobre el tema.

Si la organización no cumple dentro del plazo establecido, el senador podrá solicitar un incidente de desacato, trámite que puede derivar en sanciones. La fundación, por su parte, tiene la posibilidad de impugnar el fallo para que sea revisado en segunda instancia. La decisión judicial exige completar la información, pero no constituye por sí misma una declaración de irregularidades en el manejo de los recursos.