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¿De qué se acusa a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia?
La medallista olímpica y exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró fue acusada por la Fiscalía de dos presuntos delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló acusación contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
El proceso está relacionado con la contratación del sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol, contemplado en el Decreto 1622 de 2022, una herramienta tecnológica que buscaba asociar los documentos de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso y verificar sus antecedentes para restringir el acceso de personas con impedimentos.
De acuerdo con la investigación, Urrutia habría contratado directamente, mediante un convenio interadministrativo con Aldesarrollo, la implementación de este sistema por un valor superior a $4.950 millones, sin cumplir las disposiciones que exigían garantizar la pluralidad de oferentes.
La Fiscalía también sostiene que el convenio habría condicionado la subcontratación de una persona particular con quien, al parecer, se había acordado previamente la ejecución del proyecto.
Entre las presuntas irregularidades identificadas se encuentran la ausencia de estudios de mercado y de procedimientos para determinar el valor del contrato y los costos de las actividades previstas.
Además, la investigación señala que la entonces ministra habría desatendido las advertencias de los equipos técnicos y jurídicos del Ministerio del Deporte, que alertaron sobre posibles vicios e ilegalidades en distintos trámites de la etapa precontractual. Pese a estas observaciones, el convenio fue suscrito el 30 de diciembre de 2022.
A esto se suman presuntas falsedades en documentos públicos con vocación probatoria, particularmente en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación, donde se habrían consignado hechos que no correspondían con la realidad.
Con la formulación de acusación, el proceso avanza hacia la etapa de juicio, en la que se deberá determinar la eventual responsabilidad penal de la exministra.
*Realizada con información de prensa de la Fiscalía General de la Nación
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