La Veeduría de Servicios Públicos de la Arboleda Campestre manifestó su preocupación por las condiciones de exclusión que enfrentan las personas con movilidad reducida en Ibagué. Según la organización, mientras en el mundo se avanza hacia ciudades inclusivas con rampas, andenes amplios y espacios accesibles, la capital tolimense continúa rezagada con una infraestructura que deja por fuera a quienes se desplazan en silla de ruedas o requieren muletas.

De acuerdo con la Veeduría, la situación es crítica en la mayoría de escenarios deportivos de la ciudad, donde las rampas, barandas y baños adecuados, son pocos o inexistentes en algunos casos. “Las personas deben dar más vueltas o simplemente no pueden ingresar y terminan excluidas de espacios que deberían ser de todos”, señaló la organización.

La Veeduría recordó que muchos ciudadanos en condición de discapacidad, especialmente quienes deben someterse a diálisis, necesitan baños amplios y accesibles. Estos espacios deben contar con suficiente área de maniobra para la silla de ruedas, barandas de apoyo y condiciones seguras que les permitan atenderse, sostenerse y valerse por sí mismos de manera digna.

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El panorama se repite en las instituciones educativas, donde las rampas suelen carecer de barandas, y en algunos casos simplemente no existen. Más preocupante aún, según la Veeduría, es que esta exclusión se extiende a la propia Alcaldía de Ibagué y a sus secretarías, cuyas sedes no cumplen con las condiciones mínimas para que una persona con movilidad reducida pueda realizar trámites.

El transporte público también es un factor de exclusión. Aunque Ibagué cuentan con 41 busetas equipadas con plataformas, las empresas como , Contratol y Movilizando Ibagué presuntamente no las usan, los conductores parecen no saber bajar las rampas.

“A veces prefieren no detenerse y no recoger a la persona con movilidad reducida. Por otro lado, Hemos visto casos indignos donde una persona debe arrastrarse por el piso del bus para poder bajarse, y además, dependiendo de la ayuda de otros pasajeros”, denunció la Veeduría.

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Políticas y presupuestos

Pese a que desde 2002 existen políticas y presupuestos destinados a la inclusión, en pleno siglo XXI las personas con movilidad reducida que viven en Ibagué están casi confinadas en sus casas, a menos que cuenten con un vehículo propio y el apoyo permanente de alguien más, lo que implica tener muy altos ingresos.

En medio de este panorama, la Veeduría reconoció avances puntuales en instituciones como la Personería de Ibagué y la Universidad del Tolima, que han comenzado a adaptar sus instalaciones con rampas y baños adecuados. Sin embargo, el balance general es negativo: restaurantes, oficinas públicas y lugares de entretenimiento siguen sin pensar en la accesibilidad, e incluso muchos andenes están invadidos, dificultando aún más el tránsito de personas en muletas o sillas de ruedas.

“La inclusión no puede seguir siendo un discurso vacío. Ibagué necesita voluntad política real para dejar de ser una ciudad que excluye a sus propios ciudadanos”, concluyó la Veeduría de Servicios Públicos de la Arboleda Campestre.