Una nueva controversia se generó en el Concejo de Ibagué alrededor del caso que investiga la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato para la compra de alimento destinado a perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA).

El concejal Jorge Bolívar aseguró que durante una reciente sesión se presentaron diferentes maniobras para impedir la realización de un debate de control político en el que pretende escuchar las explicaciones del director del CAPA y del director de Contratación del municipio sobre el proceso contractual que hoy es objeto de investigación judicial.

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Según relató el cabildante, la proposición para citar a los funcionarios fue aprobada inicialmente por la corporación, aunque posteriormente se presentó una nueva iniciativa que buscaba dejar sin efecto la convocatoria. Bolívar sostuvo que dicha situación generó un intenso debate jurídico y político dentro del recinto.

"¿Cuál es el miedo del director del CAPA para venir al Concejo?", cuestionó el concejal, quien insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer detalles sobre el contrato y las decisiones que rodearon su adjudicación.

Bolívar recordó que la Fiscalía imputó cargos a la alcaldesa Johana Aranda, al exsecretario de Gobierno Edward Amaya y a otros funcionarios por presuntas irregularidades relacionadas con este proceso contractual.

Entre los aspectos que, según el concejal, deben aclararse durante el debate, figura la contratación de una empresa que tradicionalmente prestaba servicios de aseo y que terminó obteniendo un contrato para suministrar alimento a los animales del CAPA.

"Queremos saber cómo es que una empresa de aseo gana un contrato para comprar alimento para perros y gatos", afirmó.

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El cabildante también señaló que, de acuerdo con información divulgada por la propia Fiscalía, existirían cuestionamientos sobre los valores pagados por algunos productos incluidos en el contrato, los cuales presuntamente habrían superado los precios habituales del mercado.

Tras el hundimiento de la primera proposición, Bolívar indicó que acudió a las facultades contempladas en el Estatuto de Oposición para radicar nuevamente la solicitud de control político. Gracias a ese mecanismo, explicó, la citación no requiere aprobación de la plenaria y quedó fijada para el próximo 16 de junio.

Finalmente, el concejal manifestó que espera que los funcionarios convocados asistan al recinto y entreguen las explicaciones correspondientes, con el fin de brindar claridad a la ciudadanía sobre un caso que ha generado amplio debate en la capital tolimense.