El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella proyecta una profunda reestructuración de la administración pública. El proyecto de Ley de Rescate Fiscal contempla reducir de 209 a 104 las entidades del Ejecutivo, mediante la supresión, fusión o escisión de 105 organismos estatales.

La iniciativa, que será discutida en el Congreso de la República, busca eliminar duplicidades en las funciones institucionales y reducir los gastos de funcionamiento. Según las proyecciones del Gobierno, los cambios representarían un ahorro de $8,6 billones.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente durante seis meses para modificar la estructura de la administración pública, intervenir en la organización de las entidades y redistribuir sus competencias.

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Reorganización del gabinete ministerial

La propuesta contempla fusionar el Ministerio del Deporte con el Ministerio de las Culturas, y los ministerios de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación en una sola cartera.

También plantea transformar el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en un ministerio y trasladar las funciones del Departamento de Prosperidad Social (DPS) a una nueva cartera de Desarrollo Social, Inclusión, Cuidados y Familia.

Con estos cambios, el Ejecutivo mantendría 18 ministerios, aunque con una distribución diferente de competencias y responsabilidades.

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De seis departamentos administrativos a dos

Otro de los cambios estructurales está relacionado con los departamentos administrativos. De los seis existentes, el proyecto propone conservar únicamente dos:

• El Departamento Administrativo de Planeación, Inversión y Desarrollo Nacional, que asumiría las funciones del actual DNP.

• El Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, que reemplazaría al DANE.

Recortes de personal y contratación

La reorganización institucional estaría acompañada de otras medidas de austeridad. El proyecto plantea una reducción nominal del 20 % en los gastos de personal para 2028, sin incluir a la fuerza pública, y un recorte del 50 % en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para 2027.