El abogado Pedro Alejandro Carranza Cepeda, apoderado especial del expresidente Gustavo Petro, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por un presunto entramado institucional de presiones e intimidaciones a mujeres vinculadas a esa entidad para obtener testimonios sobre la vida privada del exmandatario.

Según el documento, funcionarias y contratistas habrían sido citadas al despacho del director, donde presuntamente les retiraban sus teléfonos celulares y las interrogaban sobre su cercanía con Petro. La denuncia sostiene que durante estos encuentros también habrían recibido amenazas relacionadas con la continuidad de sus contratos y posibles investigaciones penales o disciplinarias.

Como parte del material probatorio, la denuncia aportó capturas de mensajes de Instagram y WhatsApp. Entre ellas, una comunicación enviada desde una cuenta anónima que ofrecía dinero a cambio de información sobre supuestos encuentros con Petro y otra dirigida a María Masip Zawady, en la que se mencionaban fotografías y referencias a sus hijos, situación que el abogado interpreta como un mecanismo de intimidación.

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También, documenta contactos mediante una supuesta oferta laboral, que habrían servido para acercarse a una de las mujeres. Estos mensajes y ofrecimientos, según el documento, se produjeron entre el 22 y el 28 de octubre de 2026.

Contradicciones en las cifras de contratación

Otro de los elementos centrales es el contraste entre las declaraciones públicas del director del DAPRE y los registros del SECOP II. Según la denuncia, Ríos Puerta afirmó ante el Senado que se destinaban cerca de $2.000 millones anuales para contratar a 48 mujeres con honorarios de entre $3 y $4 millones.

Sin embargo, la revisión de 2.145 contratos de prestación de servicios suscritos por el DAPRE entre agosto de 2022 y agosto de 2026 encontró 798 contratos correspondientes a mujeres. De estos, únicamente 37 registraron honorarios dentro del rango señalado. Para la defensa, estas cifras contradicen la versión expuesta por el funcionario.

El abogado también presentó seis indicios que, a su juicio, permitirían establecer un posible mecanismo de presión con motivaciones políticas. Entre ellos mencionó la afirmación del director de que las mujeres "ya están hablando con nosotros", la ausencia de denuncias formales previas, sus antecedentes como gerente de una campaña política de oposición y la coincidencia temporal de los presuntos hostigamientos y ofrecimientos económicos.

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Las pruebas que pide verificar la Fiscalía

Para avanzar en la investigación, el apoderado de Petro, solicitó preservar las grabaciones de seguridad del despacho del director y las minutas de ingreso, con el propósito de identificar a dos hombres que, según la denuncia, habrían participado en los interrogatorios.

También pidió auditar las consultas realizadas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), revisar las hojas de vida de las contratistas, practicar extracciones forenses de los dispositivos de las mujeres contactadas y requerir información a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para establecer si personal de esa entidad asistió a las reuniones.

La denuncia solicita investigar posibles delitos de constreñimiento ilegal agravado, hostigamiento agravado y violación de datos personales agravada. La defensa considera que las presuntas conductas podrían estar relacionadas con el abuso de la posición jerárquica del director y el uso de información personal con fines ajenos a la función pública.

Por otra parte, el abogado aclaró que las declaraciones realizadas en el Senado el 21 de octubre, en las que se habrían atribuido conductas delictivas sin pruebas, serán objeto de una querella independiente por injuria y calumnia.